Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid en prisión desde la semana pasada, infló supuestamente los contratos a empresas como Indra o PwC para pagar las deudas del partido. Pero el dinero no fue directamente a las empresas proveedoras. Según la investigación llevada a cabo por la UCO (la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), el dinero se habría desviado a través de firmas de la trama Púnica, cuyo cabecilla era Francisco Granados, exconsejero de Presidencia en prisión desde 2014, y en algún caso concreto que habían trabajado también con Gürtel.
El juez Eloy Velasco, que instruye tanto el caso Lezo, en torno a la corrupción en el Canal de Isabel II, como el Púnica, ha encontrado así un nexo de unión entre los dos hombres fuertes de Esperanza Aguirre. Los hechos se remontan a 2011. González pidió a José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid (ICM) que buscara un millón de euros para "sanear las cuentas del Partido Popular" en la región con motivo de las elecciones autonómicas.
Para lograrlo, Martínez Nicolás infló los contratos tanto con Indra como con PwC y a continuación habría saldado las deudas a través de empresas interpuestas ligadas a Óscar Sánchez Moyano, Juan Miguel Madoz Echevarría y José Miguel Alonso Gómez.
Se trataría, entre otras, de firmas como Sintra Consultores, Formaselect Consulting o Escuela Europea de Dirección y Empresa, especializadas en consultoría y formación e investigadas en el marco de Púnica por el pago de comisiones. Entre las sociedades figura también Swat, que había trabajado con la red de Gürtel. La UCO ha acreditado ya el desvío de 687.497 euros procedente de Indra a través de estas empresas interpuestas. Fueron un total de 566.497 euros en 2012 y de 121.000 euros en 2013.
Un pieza estratégica
Pero ese no es el único lazo de unión entre unos casos de corrupción y otros. La propia ICM, la empresa pública usada por González para inflar los contratos y financiar al PP de Madrid, también está implicada en Púnica, constituyendo una pieza fundamental de la red. Presuntamente, habría mediado en algunos de los encargos de Alejandro de Pedro, supuesto conseguidor de la trama, para la contratación de trabajos online con el objetivo de mejorar la imagen pública de distintos dirigentes del PP en la comunidad autónoma.
El Canal de Isabel II celebró , por otro lado, su primer consejo de administración desde que se descubrió la trama. El consejero de Presidencia y Justicia, y presidente a su vez de la empresa pública, Ángel Garrido, aseguró que "lo razonable" es limitar la presencia internacional. "En mi opinión, lo razonable es que Canal tenga una presencia internacional más bien en aspectos en consultoría e ingeniería. Por lo tanto, más en su experiencia y en conocimiento que a través de empresas", aseguró. No obstante, antes de cerrar o vender las filiales en Latinoamérica, y tal y como adelantó elEconomista el pasado lunes, el Canal de Isabel II encargará auditorías para evaluar la situación de todas sus compañías en el exterior.
Ayer, varios de los implicados en la trama -el empresario y consejero de la constructora OHL Javier López Madrid; el exgerente del Canal Ildefonso de Miguel y el exconsejero delegado de ICM, José Martínez Nicolás-, abonaron la fianza de 100.000 euros impuesta a cada uno de ellos por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y abandonaron la prisión.
Presiones de Anticorrupción
Según adelantó ayer la Cadena Ser, el fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, habría intentado apartar de la investigación contra Ignacio González al fiscal Carlos Iáñez. Moix le habría pedido que dejara su puesto en Madrid y volviera a Granada, algo a lo que éste se habría negado. Todo después de que Iáñez y su compañera en la Operación Lezo, Carmen García Cerdá, discreparan con su superior en su intento de frenar el operativo contra los implicados, impedir las grabaciones y hasta los registros llevados a cabo el miércoles de la semana pasada.
La rebelión obedeció, en concreto, al intento de Moix de impedir que se investigara la compra de la colombiana Inassa, cabecera del negocio en Latinoamérica, por la que se pagaron en 2001 casi 100 millones de euros, el triple de su valor, con Alberto Ruiz-Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid. La decisión fue contestada por los fiscales del caso, que fueron apoyados mayoritariamente en junta por sus compañeros.
Anticorrupción desmintió sin embargo todo y en una nota pública explicó que se había renovado en su puesto al fiscal Carlos Iáñez y que se había hecho, además, "a petición del fiscal jefe Anticorrupción" , en una decisión que "ha sido aprobada por la Fiscalía General del Estado".
La oposición, sin embargo, no se cree estas explicaciones. Así, la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso y diputada socialista Margarita Robles exigió una explicación "inmediata" del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ante las informaciones aparecidas.
