El Canal de Isabel II llevó a cabo en noviembre de 2013 la compra de su filial brasileña Emissão Engenharia e Construções con la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en su consejo de administración. Cifuentes se había incorporado año y medio antes, en marzo de 2012, en representación de la Administración General del Estado, como delegada del Gobierno.
Sin embargo, y según explicaron ayer a elEconomista fuentes del Ejecutivo autonómico, la empresa pública no pidió permiso en ningún momento a su máximo órgano ejecutivo, por lo que Cifuentes no habría tenido conocimiento alguno de los términos de la operación, que se elevó a 21,4 millones de euros. A pesar de la existencia de importantes deficiencias legales y financieras, la compra fue aprobada por el consejo de Canal Extensia, la filial del grupo encargada del desarrollo del negocio internacional en Latinoamérica.
Al margen del órgano ejecutivo del grupo, en un auto dictado ayer por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se apunta que el Canal tampoco pidió autorización ni al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, el órgano colegiado que dirige la política autonómica, ni a la Consejería de Hacienda. En ese momento, el presidente de la Comunidad era Ignacio González, que había nombrado al frente del Canal a su número dos, Salvador Victoria. El juez detalla que la operación se llevó a cabo sin "razones jurídicas ni económicas" que justificaran la compra, que además no estaba incluida en el Plan Estratégico de Canal Extensia.
"Un entramado opaco"
El magistrado considera que la toma de control de Emissao se llevó a cabo "a través de un entramado societario opaco", en contra de la opinión de los auditores, careciendo de informes técnicos y de valoración y con el pago de comisiones ilegales. De este modo, el dinero público se habría desviado a paraísos fiscales, "enriqueciendo injustamente a determinadas personas".
El Canal de Isabel II tan sólo había encargado para llevar a cabo la operación un informe independiente a KPMG, que en su due dilligence o auditoría financiera, puso serias pegas a la compra, indicando la existencia de discrepancias a la baja respecto de los cálculos estimados para la valoración del precio de compra, lo que según el juez "debió llevar a la paralización inmediata" de la misma. El Canal lo ignoró y la consecuencia fue que apenas un mes después de la firma del contrato, a 31 de diciembre de 2013, se vio ya obligado a rebajar en sus cuentas consolidadas el valor de Emissao hasta prácticamente la mitad, a 10,6 millones de euros.
Al año siguiente, el patrimonio neto se había reducido a 5,3 millones y en 2015 presentaba ya un cifra negativa de 5,5 millones de euros. El juez apunta además otros hechos sospechosos, como que se modificara el porcentaje de adquisición -del 40 al 75 por ciento- sin haberlo comunicado previamente al Gobierno autonómico. O que se renunciara a un aval de tres millones de euros para contigencias "sin justificación alguna y sin autorización".
En el auto, el magistrado decreta el ingreso en prisión provisional eludible bajo fianza de 4 millones de euros para el exdirectora financiera del Canal de Isabel II, María Fernanda Richmond, y de 100.000 euros para el exdirector general Adrián Martín, que actuaba también como presidente de Extensia.
Richmond "habría colaborado en la premeditada sobrevaloración del precio de compra de participaciones de Emissao", en connivencia con Edmundo Rodrigo, el antiguo responsable de Inassa, la empresa colombiana que actúa como cabecera de los negocios en Latinoamérica.
El juez Eloy Velasco está investigando, además del entramado defraudatorio constituido por Ignacio González para desviar dinero a paraísos fiscales, "la manipulación de procesos de licitación" en contratos públicos, concretamente en Rivas Vaciamadrid. El exgerente del Canal actuó para "dirigir y asegurar su adjudicación" a una sociedad del grupo empresarial Essentium.
