El juez Eloy Velasco cree que el desfalco a las arcas públicas por parte de los detenidos por el caso del Canal de Isabel II ascendería a unos 25 millones de dólares (23,3 millones de euros al cambio actual), tan solo en la operación que supuso la compra de la brasileña Emissao. El juez Velasco busca cuentas de Ignacio González en Suiza.
El juez plantea esa cifra en el auto dictado anoche, al que ha tenido acceso Efe, en el que ordenó el ingreso en prisión eludible con fianza de 4 millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond, y de 100.000 euros para el exgerente del Canal Adrián Martín, detenidos en la operación Lezo junto al expresidente madrileño Ignacio González.
Velasco les imputa los delitos de pertenencia en organización criminal -un cargo del que de momento no acusa la Fiscalía Anticorrupción-, blanqueo, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. La Guardia Civil también ha detenido al empresario Javier López Madrid.
La operación, según destaca el magistrado en su auto, ascendió a 31 millones de dólares que, según consta en las cuentas anuales de Canal Extensia, ascendía a 10,27 millones de euros "descendiendo hasta (-) 5 millones de euros en tan sólo dos años".
Iregularidades en la operación
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 detalla en su auto las principales irregularidades detectadas por los investigadores, como es la ausencia de autorización del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, y de "razones jurídicas económicas" que justificaran la adquisición, que se realizó además "a través de un entramado societario opaco".
Además, se modificó el porcentaje de adquisición -del 40 al 75%- sin la autorización correspondiente y "se renunció a un aval de 3 millones de euros para contigencias sin justificación alguna y sin autorización". Tampoco se contó para firmar estos contratos con valoración independiente ni con autorización de la Consejería de Hacienda, y además la compra no estaba incluida en el Plan Estratégico del Canal Extensia.
El informe de KPMG "debió llevar a la paralización inmediata de la adquisición", añade el juez Velasco, y además se pago "a través de cuentas corrientes bancarias no autorizadas y en paraísos fiscales".
Comisiones prohibidas
Velasco enmarca el relato general por esta operación en concreto en las sospechas de que Emissao estaría intervenida por empresas instrumentales cuyos titulares no conocían "pero que operaban en países terceros de escasa opacidad" en contra de la opinión de auditores independientes, con el pago de comisiones prohibidas y careciendo de informes técnicos.
De este modo, el dinero público habría pasado a cuentas bancarias en terceros países "con opacidad" respecto de los titulares reales, con la consiguiente desaparición del patrimonio de la empresa pública madrileña, "enriqueciendo injustamente a determinadas personas". Por lo que se refiere a Richmond, en el periodo en el que sucedieron los hechos investigados los cargos de miembro del Consejo de Administración de Canal Extensia y directora de gestión económica y financiera de Canal Gestión.
Afirma que "en connivencia con el responsable de Inassa y actual consejero delegado de la empresa editora del diario La Razón, Edmundo Rodríguez Sobrino -la Fiscalía le pide prisión incondicional- y "otros intervinientes" -cuyas identidades el juez no detalla en esta resolución- "habría colaborado en la premeditada sobrevaloración del precio de compra de participaciones de Emissao", así como en otros actos que hicieron posible el pago del importe al que ascendió el dictado precio sobrevalorado.
Richmond en concreto asistió como vocal a las dos reuniones del Consejo de Administración de Canal Extensia en las que se aprobaron las propuestas de inversión efectuadas por Edmundo Rodríguez Sobrino, "y a pesar de las evidentes deficiencias legales y financieras" no puso objeción ni reparo alguno a las mismas y dio su aprobación para la inversión" a pesar de la existencia de un informe de KPMG que cuestionaba la operación. Además, "llevando a cago una duplicidad de funciones", solicitó a Canal Extensia, en representación de soluciones andinas, del desembolso de 12,5 millones de dólares y a la vez, en representación de Canal Extensia autorizó el mismo.
En cuanto a Adrián Martín, compatibilizaba los cargos de presidente del Consejo de Administración de Canal Extensia, director general de CYII, miembro del Consejo de Canal Gestión y director presidente del comité de Dirección de esta última entidad.
Existen indicios de que conocía igualmente la existencia del informe de KPMG, "que indicaba discrepancias a la baja respecto de los cálculos estimados para la valoración del precio de compra de Emissao" y fue el que otorgó poderes para representar a Canal Extensia a Oriol Serra, director ejecutivo de Igmasa, presidida por Ignasi Maestre Casanovas.
Obras en Rivas Vacimadrid
La investigación realizada hasta este momento relaciona igualmente a Adrían Martín, como director gerente de CYII, con la "manipulación de los procesos de licitación de un contrato público de obras en Rivas Vaciamadrid (Madrid) "dirigiendo y asegurando su adjudicación a una sociedad del grupo empresarial Essentium.
El juez Velasco justifica las medidas cautelares dictada para ambos en la existencia de un "riesgo fundado de huida y efectiva sustracción a la acción de la Justicia" tras distraer caudales públicos que se encuentran en el extranjero "para su disfrute personal". Advierte también del riesgo de que puedan destruir pruebas "bien por razones personales, bien por indicaciones" de terceros.
