El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco sospecha que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González -detenido hace dos días por el desvío de fondos del Canal de Isabel II- podría haber utilizado cuentas en Suiza. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, está investigando, en concreto, movimientos realizados en 2007 a través del Anglo Irish Bank de Ginebra, una entidad que un año después fue adquirida por el Hyposwiss Private Bank Genève. La UCO cree que González blanqueó dinero a través de su padre, de 90 años, que está en arresto domiciliario.
Según fuentes próximas a la investigación, el juez está investigando en concreto la retirada de 1,4 millones de euros en Suiza a través de la sociedad panameña Lauryn Group (ver imagen adjunta), que estaría controlada por testaferros del expresidente de la Comunidad de Madrid.
Ese dinero correspondería al pago de una comisión por parte de OHL a cambio de la adjudicación de un tramo ferroviario de Cercanías entre las localidades madrileñas de Móstoles y Navalcarnero. De hecho, ese movimiento es el que habría precipitado esta pasada noche la detención de Javier López Madrid, consejero delegado del grupo Villar Mir y miembro además del consejo de administración de OHL.
Hace unos años, en 2011, el comisario de la Policía Nacional José Villarejo denunció ya un posible entramado de comisiones que afectaba a González tras una investigación extraoficial. En ese momento, el líder popular era presidente del Canal de Isabel II y vicepresidente de la comunidad autónoma. Fue una investigación que, sin embargo, no prosperó, como tampoco lo hizo una causa abierta en 2009 por el juzgado de instrucción número 11 de Madrid, que archivó las diligencias iniciadas.
Pago de espías
Cabe recordar que Inmobiliaria Espacio, compañía del grupo OHL, fue la que pagó a la agencia Detectives Mira para el seguimiento de Ignacio González en su viaje a Cartagena de Indias, Colombia, en el verano de 2008. El entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid iba acompañado por el que fue gerente del Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, y por el expresidente de Inassa, filial del Canal en Colombia, Edmundo Rodríguez, detenido en la Operación Lezo. Fuentes conocedoras de los hechos aseguran que el grupo de Villar Mir quería rastrear qué había hecho González con la presunta comisión pagada de 1,4 millones de euros.
El contrato del tren de Navalcarnero a OHL fue una operación fallida que nunca se llegó a realizar y que llevó a la compañía a presentar un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por la que se le reclama a la Comunidad de Madrid 370 millones de euros.
López Madrid ya aparecía en el sumario de la operación Púnica en el que se reflejaba su buena relación con Francisco Granados, cabecilla de dicha trama, hasta el punto en el que supuestamente compartían el mismo yate para veranear. De hecho, la investigación sobre el espionaje de González en Colombia señaló que Victoria Cristóbal, mano derecho de Granados cuando éste estaba al frente de la Consejería de Presidencia de la Comunidad, fue la que se reunió con Detectives Mira, la agencia que investigó a González.
