En el marco de la Operación Lezo, la Guardia Civil ha procedido a la detención durante esta noche del empresario Javier López Madrid, consejero delegado del Grupo Villar Mir y consejero de OHL. Se le acusa de haber pagado comisiones a Ignacio González y será interrogado este viernes. Ignacio González ya espera en los calabozos de la Audiencia Nacional listo para declarar por su supuesta implicación en dicha trama.
López Madrid se encontraba ayer en Londres, donde los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le comunicaron que estaba siendo investigado y que tenían una orden de detención contra él. El empresario se desplazó entonces a Madrid, donde fue arrestado anoche por la Guardia Civil, cuyos agentes habían registrado por la mañana la sede la constructora.
La detención, según precisan desde fuentes de la investigación, se ha ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ante los indicios recabados por los investigadores sobre el supuesto pago a Ignacio González de una comisión de 1,4 millones de euros autorizada por López Madrid y que se llevó a cabo a través de un banco con sede en Suiza.
El pago está vinculado, de acuerdo con las pruebas recabadas por la UCO, con el fallido proyecto de unión ferroviaria entre los municipios madrileños de Móstoles y Navalcarnero. De este lado, OHL ha reclamado a la Comunidad de Madrid 371 millones por perjuicios en el cercanías.
El pasado mes de febrero, López Madrid, exconsejero también de Caja Madrid, fue condenado a seis meses de cárcel por el uso irregular de las tarjetas black de la entidad. De hecho, la Guardia Civil registró su despacho por orden del mismo juez dentro de otra operación contra la corrupción vinculada a la Comunidad de Madrid, el caso Púnica.
López Madrid y González, ante el juez
López Madrid pasará a disposición judicial previsiblemente este viernes, al igual que Ignacio González, su hermano Pablo y su cuñado, José Juan Caballero, todos ellos en dependencias de la Guardia Civil, junto a otras cuatro personas, por su relación con el supuesto desfalco del Canal de Isabel II. Mercasa cesa al hermano de González y a otra directiva y su presidente dimite.
Este jueves por la noche, el juez Eloy Velasco tomó declaración en calidad de investigado al empresario Adrián de la Joya por su implicación en la trama relacionada con el cobro de una comisión de la multinacional OHL. El magistrado lo dejó en libertad sin medidas cautelares tras aportar la documentación requerida y mostrarse dispuesto a colaborar con la justicia.
El juez, sin embargo, dictó anoche prisión provisional eludible bajo el pago de una fianza de cuatro millones de euros para la exdirectora financiera del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond y de 100.000 euros para el exgerente Adrián Martín.
OHL dice que operó conforme a la ley
La compañía OHL se defendía ayer asegurando que sus procesos de licitación, adjudicación y contratación se han realizado con total transparencia y sujeción a la ley y a los estándares de buen gobierno corporativo, en relación a la información solicitada.
La constructora subrayaba además en un comunicado que nunca ha pagado ninguna comisión a ningún partido político y se ha prestado "máxima colaboración" con las autoridades después de que este mismo jueves se le haya requerido información.
El grupo presidido por Juan Miguel Villar Mir ha reiterado que tiene una política de "tolerancia cero" con la corrupción y ha recordado que, "hasta la fecha", nunca ha sido condenada por este delito.
El requerimiento de información a OHL se ha llevado a cabo por mandato del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. En febrero de 2016, este magistrado ordenó registrar el despacho y domicilio particular de Beltrán Gutiérrez, el exgerente del PP de Madrid, por las sospechas de financiación irregular de la formación.
La constructora OHL emitió entonces un comunicado en el que negó haber efectuado pagos al Partido Popular. Este pronunciamiento se produjo un día después de que la Guardia Civil registrase varias dependencias de su consejero Javier López Madrid en el marco de una nueva fase de la denominada Operación Púnica, centrada en una presunta financiación del PP de Madrid.