La Guardia Civil ha lanzado una operación contra la corrupción relacionada con la gestión del Canal de Isabel II. Ignacio González, que fue presidente de la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2015, ha sido detenido en su domicilio. En el marco de la Operación Lezo, el juez ha citado a la actual presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, en calidad de testigo para que amplíe la información de los presuntos desvíos, algo que ha elegido hacer mediante una declaración por escrito. Del lado político, el PP ha suspendido de militancia a González.
La operación, que se produce un día antes de que Aguirre declare por Gürtel, corresponde al juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, dirigido por Eloy Velasco, y las diligencias están declaradas secretas. El magistrado investiga la presunta compra de sociedades en el extranjero desviando fondos del Canal de Isabel, que en ese momento gestionaba Ignacio González. De momento, hay 12 detenidos por ocho delitos, entre ellos el hermano de González.
El que fuera sucesor de Esperanza Aguirre podría estar implicado en la compra irregular de una empresa brasileña por parte del Canal de Isabel II en el año 2013. Supuestamente, el Canal compraba empresas en el extranjero por un valor cuatro o cinco veces superior al que tenían en realidad. Según la Fiscalía Anticorrupción, González sería el principal responsable de una "organización criminal" que desviaba fondos públicos.
La Guardia Civil cree que Ignacio González utilizó una trama familiar para desfalcar el Canal de Isabel II. La Benemérita ha pasado 10 horas registrando el domicilio del expresidente madrileño.
Malversación, blanqueo y cohecho
Así las cosas, el ministerio público investiga a González por delitos de organización criminal, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, fraude a la Administración y blanqueo de capitales, entre otros. La detención es el colofón a una investigación que ha durado dos años y que pretende esclarecer el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de contratos y las complejas operaciones financieras con las que blanqueaba capitales.
En particular fue el propio Gobierno de Cristina Cifuentes el que trasladó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras detectar "anomalías" en las filiales del Canal en Iberoamérica. En mayo de 2016, la Comunidad de Madrid informó que el nuevo director gerente de la empresa pública, Rafael Prieto, estaba haciendo un análisis de la sociedad del Canal en Iberoamérica y sus filiales comenzando por la operación de compra más reciente, realizada en 2013.
Esta compra es la relativa a la que hizo el Canal en noviembre de 2013 de una empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes por un importe de 21 millones de euros. Un año después el valor contable era de cinco millones.
Cuestiones "anómalas"
Según explicó entonces el portavoz del Gobierno regional y presidente del Canal, Ángel Garrido, habían aparecido cuestiones que les parecían "anómalas", relativas a diferentes etapas, precios, plazos y fórmulas de pago de la operación. Por ello, las pusieron en conocimiento de la Fiscalía para determinar si alguna de estas anomalías eran constitutivas de delito.
Por su parte, Cifuentes también detalló que lo detectado tenía que ver con compra de acciones o letras de una sociedad a un precio mayor del establecido, y recalcó que la responsabilidad de esto se circunscribía en el que fue responsable de la entidad en esa área en ese momento y no del Ejecutivo regional que presidió Ignacio González.
Cifuentes aludía entonces al directivo ya cesado Edmundo Rodríguez que fue presidente ejecutivo de la Sociedad Interamericana Aguas y Servicios, S.A. (Inassa), empresa del Grupo Canal en Colombia.
Además, el pasado mes de julio, el Gobierno regional denunció ante la Fiscalía General del Estado presuntas irregularidades detectadas en el proceso de adquisición de esta compañía por parte del Canal de Isabel II. Por otro lado, el Canal procedió al cese de la directora Financiera y de Desarrollo de Negocio, María Fernanda Richmond, por pérdida de confianza por su participación en la compra de Emissao.
Francisco Marhuenda, investigado
En el marco de esta operación Lezo, el juez Velasco también está investigando a Mauricio Casals y Francisco Marhuenda, presidente y director del diario La Razón, respectivamente, por presuntas coacciones a la presidenta Cifuentes. Marhuenda habría amenazado con publicar informaciones falsas para frenar la investigación y proteger a Edmundo Rodríguez, quien es consejero delegado del citado periódico y del que posee un 23,9% del capital
Por su parte, el pasado mes de marzo, los grupos parlamentarios de la Asamblea en la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) presentaron un informe producto del trabajo desarrollado en la Comisión del Estudio de la Deuda de la Comunidad de Madrid, que llevó entre otros temas, esta compra.
Su objetivo era que la Fiscalía investigue quién autorizó y permitió el quebranto patrimonial y la actividad del Canal de Isabel II en Iberoamérica, así como el "entramado" societario en este continente, dado que sospechan de una posible "trama corrupta" en torno a las inversiones realizadas.
La denuncia versaba sobre la adquisición por parte del Canal de esta empresa en noviembre de 2013 a través de una sociedad "instrumental" radicada en Uruguay (Soluciones Andinas de Agua) y que carecía de actividad, según el escrito. El Canal la compró a través de su filial Inassa.
Además, relata que la adquisición de Emissao se hizo por valor de 21,4 millones de euros y un mes después el patrimonio neto en las cuentas del Canal era de 10,6 millones. Al año siguiente, el valor de la sociedad era de 5,4 millones y a finales de 2015 daba pérdidas de 5,5 millones en el balance consolidado del Canal. A su vez, la participación en Soluciones Andinas de Agua arrojaba un balance negativo de 10,5 millones.
La denuncia reclama al Ministerio Público que determine la calificación penal aunque los grupos parlamentarios de la oposición sospechan posible fraude con indicios de mala utilización del dinero público, utilización de sociedades offshore y también administración desleal.
Cifuentes, en el consejo: Cs pide explicaciones
El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha pedido explicaciones a la presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, tras conocer la operación. Con todo, el dirigente naranja ha asegurado que el pacto con el PP no peligra. Podemos ofrece una moción de censura.
"Cifuentes, que lleva desde jovencita en las Nuevas Generaciones de Madrid, seguirá diciendo que no sabe nada. En todo caso tendrá que dar algunas explicaciones mas profundas", ha avisado Villegas en una entrevista en RNE.
Dentro de la misma formación, el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, ha afirmado que la detención de González "afecta a todo el Partido Popular y, por supuesto, a Cristina Cifuentes, que deberá dar explicaciones".
"Esta detención no solo afecta a Ignacio González, afecta a todo el PP y, por supuesto, a Cristina Cifuentes, que deberá dar explicaciones, como máxima responsable del PP a día de hoy y también como miembro del consejo de administración del ente Canal de Isabel II en la etapa de Ignacio González", ha manifestado Aguado.
En particular, el Canal de Isabel II tuvo como vocal del consejo de administración a Cifuentes en calidad de delegada de Gobierno, que desempeñó ese cargo entre 2012 y 2014, cuando finalmente dejó el puesto a petición propia. Sin embargo, Cifuentes no era parte del consejo de la empresa pública del mismo nombre, que era la que gestionaba el día a día.
