La central atómica de Vandellós II afronta sanciones por no haber acometido a tiempo las reformas necesarias para cumplir la normativa de seguridad nuclear contra incendios aprobada en 2013. Si el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que hoy tratará el tema, decide aplicar una sanción grave, la planta deberá pagar hasta nueve millones de euros; si opta por una leve, pagará hasta 300.000 euros.
En enero de 2011 se publicó en el BOE la Instrucción IS-30, sobre requisitos del programa de protección contra incendios en centrales nucleares. El documento introducía en la normativa de seguridad nuclear española los requisitos exigidos a las centrales estadounidenses por su regulador, la Nuclear Regulatory Comission -siempre considerado un modelo por el CSN- tras el incendio que sufrió Browns Ferry I, en marzo de 1975.
La nueva IS-30 se centraba en la parada segura post-incendio de los reactores: metodología, acciones manuales del operador, circuitos asociados, alternativa informada por el riesgo, criterios de análisis, procedimientos... También se ocupaba de la distribución de agua, la funcionalidad de los sistemas, los criterios de garantía de calidad y los simulacros.
Estas nuevas reglas eran posteriores al diseño de las centrales y contravenían algunas de las especificaciones de sus licencias. También establecían unos plazos demasiado rígidos para que se adaptaran a ellas, iban contra otras normativas anteriores del CSN y dispersaban la reglamentación, por lo que en febrero de 2013 se publicó la Revisión 1 de la Instrucción IS-30. Esta nueva versión introdujo criterios para los sistemas de comunicaciones, directrices para la operación y para algunas áreas y sistemas concretos de las centrales, como la iluminación de emergencia o la protección de las bombas de refrigerante del reactor; finalmente, estableció de plazo hasta el 31 de diciembre de 2016, para que las centrales acometieran las modificaciones exigidas.
No cumplía en numerosas áreas
En el caso de Vandellós, la planta no cumplía en numerosas áreas, desde la sala de control hasta la turbina, pasando por el edificio auxiliar o el propio exterior del complejo. Los incumplimientos afectaban a la separación de trenes redundantes de parada segura y sus circuitos eléctricos, a los sistemas de detección y extinción de incendios, a la ventilación y el aire acondicionado, a las unidades autónomas de iluminación de emergencia, a las rutas de acceso y escape de las áreas de fuego, a los sistemas de comunicaciones de emergencia y a las conducciones de cables.
Vandellós ha acometido medidas para subsanar varios de los incumplimientos, pero en otros, que exigían modificar el diseño de la instalación, no ha avanzado lo suficiente. Cuando concluyó el plazo, el pasado 31 de diciembre, la planta todavía tenía casi una veintena de actuaciones pendientes de acometer, y así se lo notificó al CSN, solicitando una prórroga para ejecutar los trabajos.
El Pleno del CSN abordó la situación en su reunión del pasado 1 de febrero, la misma en la que se decidió autorizar al Gobierno a expedir una licencia por un plazo indefinido para la central de Garoña, que se llevó todos los focos de atención, dejando el asunto de Vandellós en un segundo plano.
En aquella reunión, los consejeros aceptaron la petición de Vandellós para abordar las reformas pendientes, por cuatro votos a favor y una abstención, de Cristina Narbona. Esta consejera, en su voto particular, considera que se estaban dando demasiadas facilidades a la central y que no se le debería permitir operar a partir de la próxima recarga de combustible, a menos que tuviera la aprobación expresa del CSN en todos y cada uno de los puntos en los que incumple, lo que no es el caso.
La semana pasada el CSN volvió a tratar el tema, esta vez el monto de la sanción que le corresponde al operador, Anav (Asociación Nuclear Ascó-Vandellós, integrada por Endesa e Iberdrola como minoritaria), pero lo aplazó hasta la reunión de hoy. De acuerdo con la normativa en vigor, deberá pagar de nueve millones de euros -rango alto de para las infracciones graves- a 15.000 euros -rango bajo para las leves-. Anav, consultada por elEconomista, no ha hecho comentarios.
