Empresas y finanzas

La red que Oleguer Pujol y su socio usaron en Holanda suma unos activos de 58 millones de euros

  • Idearon la trama para ocultar el cobro de comisiones a la Hacienda española
  • Cobraron en negro hasta 5,08 millones por una operación inmobiliaria
Oleguer Pujol, benjamín del clan Pujol. eE

La trama empresarial holandesa que utilizaron Oleguer Pujol y su exsocio, Luis Iglesias Rodríguez-Viñas, para presuntamente canalizar comisiones y ocultarlas así al fisco español, suma unos activos de 58 millones de euros, según las últimas cuentas depositadas correspondientes al ejercicio 2015. Los Pujol abandonan sus empresas en España ante la ofensiva judicial.

El benjamín del matrimonio Pujol Ferrusola se habría servido junto a Iglesias de tres firmas en el país neerlandés -Marway BV, Ard-Choille BV y Anline Service BV-, para repartir una comisión de en torno a 11,5 millones de euros lograda a raíz de su participación en la operación de compraventa de 1.152 oficinas del Banco Santander en 2007 por 2.329,88 millones, según el último auto del juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

Concretamente, Ard-Choille, la sociedad que canalizó la supuesta comisión que se repartieron ambos socios por 5,08 millones, sumaba a 31 de diciembre de 2015 unos activos totales de 44,09 millones de euros. El magistrado reseña en su auto que detrás de esta firma, con sede en el número dos de la calle Nassaulann de La Haya (misma ubicación que las otras dos empresas de la trama), "estaban las personas físicas vinculadas a Drago Capital, esto es, Oleguer Pujol y Luis Iglesias". Sin embargo, el juez destaca que ninguno de los dos acusados figuraba oficialmente en la compañía, sino que estaba dirigida por Jacob Broers y John Willeken MacDonald, según el juez, administradores con los que Iglesias estaba "ampliamente vinculado".

Ard-Choille traspasó la presunta comisión a una segunda firma holandesa, Anline Service BV, mediante la simulación de un contrato de consultoría, de acuerdo la investigación. Esta empresa pertenecía al cien por cien a Luis Iglesias.

El empresario retiró la mitad del dinero en dos transferencias, la primera de 1,66 millones y la segunda de 882.000 euros, y después vendió el 50% de la sociedad con la mitad del dinero a Oleguer Pujol. Anline Service mantenía unos activos de 4,16 millones en 2015.

Los otros comisionistas

La tercera empresa en Holanda, Marway, también controlada por los mismos agentes que Ard-Choille, es la que mayores activos sumaba al cierre de 2015 con 44,09 millones de euros, según datos del Registro Mercantil de Holanda. Esta firma se utilizó presuntamente para transferir las correspondientes comisiones a terceros implicados en la operación de compraventa de las oficinas del Santander, concretamente, a Javier y Gabriela de la Rosa (hijos del empresarios Javier de la Rosa) y a José Luis Villalonga, junto a su hijo, también llamado José Luis.

Marway remitió un total de 6,4 millones de euros, de los que la mitad fueron dirigidos a una firma en el extranjero con cuentas en Guernsey de los De la Rosa, y la otra mitad, a otra sociedad también extranjera de los Villalonga.

Iglesias, el 'cabecilla'

El juez De la Mata notificó en su último auto fechado a 24 de enero que reabría la causa por blanqueo de capitales contra Luis Iglesias al considerarlo "la persona que tomó la decisión de utilizar una estructura societaria holandesa para obtener el pago de las comisiones que se generaron en esta operación inmobiliaria". Todo ello, según el magistrado, con el fin específico de dificultar la identificación de las personas físicas perceptoras de las comisiones.

De la Mata considera que fue el propio Iglesias quien realizó el planteamiento y negoció el monto total de los pagos, la manera en la que debían de realizarse y, además, propuso al resto de comisionistas (los De la Rosa y los Villalonga) el procedimiento de pago. El magistrado ha citado a declarar a Luis Iglesias el próximo día 8 de febrero.

Pujol admitió el pasado 12 enero ante el juez que cobró comisiones de 2,5 millones en negro, pero que la idea de ocultarlo al fisco fue de su exsocio. El fiscal Anticorrupción, José Gruinda, que reseñó que las cantidades fueron depositadas desde las Islas Vírgenes en una cuenta de Miami en diciembre de 2015, pidió prisión preventiva sin fianza para el pequeño del clan con el objetivo de evitar que siguiera ocultando dinero en el extranjero. El Ministerio Público aseguró que ha habido una "reiteración delictiva" desde 2014, pese a la investigación que hay en marcha y a que sus cuentas están bloqueadas. El juez desoyó la solicitud, pero ordenó que se le retirara el pasaporte.

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