La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 13.000 euros a tres empresas de servicios fotográficos y a varios empresarios autónomos del sector por prácticas anticompetitivas en el reparto del mercado y fijación de precios de las orlas universitarias.
En la resolución -que ha sido publicada hoy pero está fechada el pasado 15 de diciembre de 2016-, Competencia explica que los afectados han sido alumnos de universidades de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia, Castilla y León y Andalucía, así como los alumnos de toda España matriculados en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).
Acuerdos durante 14 años
La CNMC concreta que tres empresas y varios empresarios autónomos organizaron un acuerdo de cártel durante 14 años, desde 2001 hasta febrero de 2015, cuando comenzaron las investigaciones.
Competencia denuncia que las citadas empresas y autónomos celebraban distintas reuniones físicas y telefónicas al inicio de cada curso académico y también por correo electrónico y sistemas de mensajería instantánea, como WhatsApp.
En los encuentros, las empresas se repartían el mercado e intercambiaban información sobre ofertas y alumnos, según la CNMC.
Al final de cada curso, las empresas se reunían para evaluar el cumplimiento de los acuerdos adoptados por el cártel, señala el organismo.
Competencia ha denunciado que, durante los años del cártel, las empresas adscritas intentaron que otras ajenas formaran parte de la organización para así poder sumar más alumnos e incrementar los beneficios.
Las empresas y autónomos sancionadas han sido: AF Beringola (1.033 euros), Foto Élite -FC Fotógrafos Torreón y Carlos Fernández Pascual- (2.794 euros), Jorge García Sánchez -Orla Magna- (3.129 euros), Juan Manuel Hernández Sánchez -Fotorla- (1.209 euros), Amparo Gutiérrez Martín -Alpgaorla- (1.744 euros) y José Manuel Moreno Corpa y Esther Ferrero -EF Digital Orlas- (1.037 euros).
Estudio Cum Laude también ha sido sancionado con 2.083 euros, aunque la CNMC precisa que reúne los requisitos previstos en la legislación para eximirle del pago de la multa.
Contra la presente resolución las empresas afectadas pueden interponer un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses.
