El Reino Unido baraja la imposición de una tasa a las empresas que recluten trabajadores de países de la Unión Europea (UE) una vez ejecutado el Brexit, según insinuó el secretario de Estado de Inmigración, Robert Goodwill.
En una comparecencia ante el llamado subcomité parlamentario de Asuntos Exteriores de la UE, el político planteó la posibilidad de aplicar un sistema similar al que deberán acatar las compañías a partir del próximo abril, cuando tendrán que pagar 1.000 libras (1.152 euros) por cada empleado extra comunitario contratado.
Goodwill señaló además que el Ejecutivo sopesa la idea de poner en práctica un programa destinado a contratar, por periodos limitados de tiempo, a temporeros para trabajar en el sector agrícola, como, por ejemplo, recolectores de fruta.
La tasa de 1.000 libras se aplica actualmente "a los no comunitarios", según dijo el político, que sugirió que el Gobierno podría estudiar la introducción de una medida similar en el caso de los contratados procedentes de la UE, aunque matizó que es precisó no "especular" hasta que se conozca cuál será el acuerdo final.
La libre circulación de trabajadores en la UE se percibe como un factor clave en las negociaciones entre Londres y Bruselas para consumar la separación de este país del bloque común, si bien aún no se ha detallado cómo se regulará el sistema de inmigración una vez finalizado el "brexit".
Preguntada sobre esas controvertidas declaraciones, una portavoz de la primera ministra, Theresa May, apuntó que "hay varias opciones que podrían ser consideradas" con relación al control de la inmigración.
El control de la inmigración
Por otro lado, un portavoz del Ministerio de Interior indicó que "los británicos hablaron con mucha claridad en el referéndum" y el Reino Unido no se marchará de la UE para "ceder de nuevo el control de la inmigración".
"Pondremos en marcha un sistema de inmigración que reduzca la migración neta hasta niveles sostenibles y que funcione de verdad para este país fuera de la UE", argumentó.
Las declaraciones del secretario de Estado suscitaron un aluvión de críticas, como las de Seamus Nevin, responsable de Políticas de Empleo en el "Instituto de Directores", quien afirmó que aunque los empresarios aceptan que habrá cambios en la política de inmigración, cobrar 1.000 libras por cada comunitario contratado "golpearía los negocios que dependen del talento llegado del extranjero".
"El Reino Unido necesita que a estas empresas les vaya bien si vamos a hacer que el 'brexit' sea un éxito", advirtió. Por su parte, el director general de la Cámara de Comercio británica, Adam Marshall, apuntó que "implementar esta medida sería perjudicial para las compañías a nivel individual y para el crecimiento en general, pues haría que el Reino Unido fuera menos atractivo tanto para la inversión como para el talento".
