Empresas y finanzas

Fin del juego: Nóos, Gürtel y las tarjetas 'black' se acercan a su sentencia

  • Gran parte de los macrojuicios por corrupción quedarán vistos para su fallo

Fin de la partida. La llegada del nuevo año traerá consigo el final de varios de los macrojuicios por corrupción que se están celebrando en España y que, en algunos casos, quedarán incluso vistos para sentencia.

Uno de los casos más mediáticos y significativos será el del Instituto Nóos, la red de empresas creada por el cuñado del Rey Felipe VI, Iñaki Urdangarin, y su socio Diego Torres para constituir una maraña de facturación ficticia, con la que desviaron hasta 6,2 millones de euros de las administraciones públicas. Todo apunta a que el exduque de Palma será condenado a prisión -dada la alta pena de 19 años de cárcel que ha solicitado para él el Ministerio Público-, pero habrá que esperar también a la posible condena para la Infanta Cristina.

Es la primera vez que se sienta en el banquillo por corrupción un miembro de la Familia Real, pero teniendo en cuenta que sólo le acusa actualmente el sindicato Manos Limpias, que pide para ella ocho años de cárcel por cooperadora necesaria en dos delitos fiscales, y que esta organización está también procesada por la creación de una supuesta trama de extorsión, fraude de subvenciones, estafa y delitos contra la Hacienda pública, parece poco probable que se le vaya a condenar.

La trama 'Gürtel'

Otra de las resoluciones más esperadas está relacionada con Gürtel. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) deberá dictar sentencia sobre el primer juicio a los cabecillas de la red en lo que se conoce como la pieza de Fitur. Se dictaminará así sobre el posible amaño de contratos por parte de la Generalitat valenciana para su adjudicación a la red en relación con la feria de turismo. En octubre empezó también, tras más de seis años de investigación, el juicio por la primera época del caso Gürtel. Son un total de 39 imputados, entre los que se encuentra el cabecilla de la trama, Francisco Correa, o el extesorero del PP, Luis Bárcenas, para los que la Fiscalía pide 125 y 42 años de prisión, respectivamente, en el marco de las actividades realizadas entre 1999 y 2005 y que supusieron el desvío de 863 millones de euros.

El tribunal, presidido por Ángel Hurtado, prevé que el juicio se alargue, al menos, hasta primavera, dirimiendo además la posible responsabilidad de otros encausados, como el propio Partido Popular como partícipe a título lucrativo. Tras varias sesiones, quedan aún por declarar un total de 300 testigos, entre los que se encuentra la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, así como los exministros Francisco Álvarez Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y Jaime Mayor Oreja, a petición de la defensa del propio Bárcenas, que solicitó su comparecencia en un escrito remitido a la Sala de lo Penal el pasado mes de julio.

Las tarjetas 'black'

En la sede de la Audiencia Nacional en la localidad madrileña de San Fernando de Henares, y de forma paralela a la Gürtel, se está celebrando también la vista por el uso de las tarjetas black, primero en Caja Madrid y después en Bankia. Todo ello después de que el magistrado Fernando Andreu abriera juicio oral en febrero del pasado año contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, y otros 64 antiguos representantes de estas entidades, que utilizaron las tarjetas opacas al fisco para cubrir gastos personales.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 concluyó que ya existían indicios de administración desleal y apropiación indebida por parte de los imputados que ocuparon cargos en los consejos de administración y del resto de directivos que hicieron uso de ellas durante los años 1999 y 2012, aunque solo se juzgará la etapa posterior a 1993 porque los gastos cometidos los años previos ya han prescrito.

La Fiscalía pide penas de prisión que van desde los dos a los seis años para los 66 exdirectivos por cargar 12 millones de euros entre 2003 y 2012. Además de Rato y Blesa, están acusados el exdirector general financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, el exjefe de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, que figuraba como consejero, y varios miembros de los sindicatos de CCOO y UGT, así como representantes del PP, el PSOE y de Izquierda Unida.

La distribución y uso de las tarjetas black no son, sin embargo, el único caso al que se enfrentan ni Blesa ni Rato. Ambos están siendo investigados también, por ejemplo en el caso Bankia. Aunque la entidad ya abrió un proceso para devolver toda la inversión a los accionistas minoristas que acudieron a la salida a bolsa en julio de 2011, más unos intereses compensatorios, la investigación por las irregularidades llevadas a cabo en la OPV, ya en su recta final, aún no ha terminado. Rato tiene además una causa pendiente en los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla en la que se investiga el origen de su patrimonio. El exvicepresidente del Gobierno está siendo investigado por cinco delitos fiscales, un delito de corrupción entre particulares, otro de blanqueo de capitales y otro por administración desleal.

Y eso, al margen de otra pieza separada de esta misma causa por la que se investiga la contratación por parte del político de un familiar en 2011. Rato dobló año tras año el sueldo de su entonces cuñado, Santiago Alarcó, en Caja Madrid y Bankia, que contratado como experto en mercados internacionales comenzó cobrando 120.000 euros anuales y dos años después, llegó a ganar más de 480.000 euros.

El escándalo andaluz

El caso de los ERE es la mayor trama de corrupción acontecida hasta el momento en Andalucía. Diferentes responsables de la Junta presuntamente defraudaron hasta 1.200 millones de euros del dinero destinado para indemnizaciones y jubilaciones de trabajadores de la región en falsos despidos y distintos motivos sin ninguna relación con el objeto de las ayudas.

La trama explotó en 2011, cuando la comunidad contaba con 4,9 millones de parados y se saldó con la dimisión de José Antonio Griñán como presidente de Andalucía en 2013. El juez, Álvaro Martín, sentará en el banquillo este año a los dos expresidentes autonómicos, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, acusados de prevaricación y asociación ilícita.

El juicio por el caso Mercasevilla, pieza separada de los ERE que investiga la venta fraudulenta del suelo del mercado de abastos por 106 millones, empezará este mes de enero tras ser aplazado a mediados de diciembre.

Otro de los juicios que comienza también este mes de enero es el del conocido como caso Guateque. La trama, la mayor vivida en el Ayuntamiento de Madrid, estalló en 2007 con Alberto Gallardón al frente del consistorio. El Ministerio Público solicita una pena conjunta de 250 años de prisión para los 34 procesados por formar, supuestamente, una trama de corrupción dedicada a acelerar la tramitación de licencias administrativas en el seno del consistorio madrileño.

La trama de Granados

El caso Púnica, cuyo cabecilla Francisco Granados está en prisión desde octubre de 2014, tiene un ritmo acelerado desde que saliera a la luz hace poco más de dos años. El magistrado, Eloy Velasco, iniciará las primeras vistas del caso este mismo año, aunque la presunta confesión del número dos de Granados, el constructor David Marjaliza, ya en libertad, ha ayudado a esclarecer los extremos de la trama. Según la investigación judicial, la red que operaba principalmente en los consistorios madrileños, logró de las administraciones públicas hasta 250 millones de euros.

Este año también comenzará el juicio del caso Palau, cuyos acusados Félix Millet y Jordi Montull presuntamente expoliaron 18 millones de euros de la institución cultural, y también del caso Campeón. Ésta última trama salpicó al exministro de Fomento socialista, José Blanco, que estuvo acusado por tráfico de influencias, aunque finalmente el Supremo archivó en 2013 la causa contra el político.

Los casos se acumulan en los Juzgados

Grandes tramas de corrupción llevan instruyéndose casi una década sin resolución. La Justicia se atasca por falta de medios y personal y reconoce su situación precaria. La última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) aseveraba que la celeridad es necesaria en los casos que investigan supuestos actos de corrupción e implican a cargos públicos. Sin embargo, hay casos encallados como el 'Palma Arena', en el que tras diez años de investigación sólo se ha juzgado una de las 20 piezas o la segunda parte de 'Gürtel' que aún está lejos de llegar al banquillo. Como paradoja, hay tramas que vuelven tras los años, como la protagonizada por Mario Conde.

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forum Comentarios 10

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QUE PENA DE PAIS
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A LA SENTENCIA NO, AL PARIPÉ DE LA SENTENCIA SI

Puntuación 16
#1
uno menos del p..e
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Nada....no pasara nada de nada , y la culpa aun sera mia.

Puntuación 18
#2
Ciudadana
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Pero hay alguien tan inocente que piense irá a la carcel el Urdangarin, su mujer ignora-lo-todo, el Blesa, el Matas y resto de chorizos...

Puntuación 17
#3
JUSTICIA YA POR FAVOR, QUE SE ESTAN DEMORANDO MUCHO, QUIZAS POR LOS TURRONES DE LOS NIÑOS ESTOS?
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POR FIN LA ENAMORADA LLEGA AL ALTAR QUE LE CORRESPONDE.

Y EL POBRE EMPALMADO, CON QUIEN SE EMPALMARA AHORA??

Puntuación 11
#4
juan
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Una sentencia complaciente con Urdangarin seria un paso mas en el distanciamiento entre la monarquia y el pueblo

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#5
Jurados Populares
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Jurados populares ,, y no cargos puestos directamente a dedo y enchufazo ,,y las cosas cambiarian ...

Puntuación 9
#6
Flipante
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UGT, CCOO, PSOE, IU... pero no era corrupto el PP?

Huy, y el papá del podemita está en las black...

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#7
ANTONIO
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ENJUAGUE DE SENTENCIAS A LA VISTA!! PARA ESTE VIAJE NO HACÍAN FALTA TANTAS ALFORJAS. QUE ASCO DE JUSTICIA POLITIZADA E INANE.

Puntuación 8
#8
Al flipante
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Tu la mam. bien?

Puntuación 1
#9
Lo mejor es tirar la llave
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BLESA ladrón a la carcel

Puntuación 3
#10