Nuestros estándares de moralidad pública son escandalosamente bajos. Estas recientes declaraciones de José Luis Pardo, catedrático de Filosofía de la UCM traen a colación la sentencia de Cicerón: "Tal y como son las personalidades en los asuntos públicos así suelen ser los demás ciudadanos".
La pereza mental y el miedo a pensar constituyen una inveterada seña de identidad de una parte de la sociedad española. Una somera lectura a las páginas de nuestra Historia lo fundamenta con creces. Las causas son múltiples pero la implantación de la Contrarreforma Católica en los siglos XVI y XVII junto con los sucesivos regímenes conservadores y totalitarios en los siglos XIX y XX, han consolidado la situación.
El poder oligárquico ha dejado hacer, siempre y cuando no se cuestionase su hegemonía. El sentido de colectivo cívico apenas ha podido arraigar porque la condición de súbdito se ha impuesto a la de ciudadano. La diferencia entre ambos es palmaria: el súbdito sobrevive trampeando en el hábitat de la carencia de Estado de Derecho. El ciudadano se sabe sujeto de derechos y deberes. Y de ahí su vocación inherente de participar, decidir y fijar los marcos y prácticas de la convivencia cívica.
En España la corrupción es un mal extendido del cual los grandes casos son la representación más impactante. Pero entre nosotros está extendida la inhibición ante las pequeñas corruptelas que constituyen un cañamazo cotidiano de la práctica social. Mal uso de dinero y bienes públicos, enchufismo y clientelismo, salarios del tercer mundo, incumplimientos en los trabajos, ocultaciones a Hacienda, y así hasta un largo etcétera de conductas contempladas como normales por una parte de la ciudadanía. El rearme cívico-moral de nuestro país no es únicamente cuestión de leyes y normas, sino de la consecuente aceptación mayoritaria de que se impone un marco constituyente con prácticas colectivas de ética pública.
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