Defex pagó presuntamente sobornos a altos cargos del Gobierno de Egipto a cambio de un contrato de 30 millones de euros en 2010 para garantizar la seguridad en varias zonas de alto interés histórico, incluidas, entre otras, las Pirámides de Gizah, las ruinas de Luxor y el Fuerte de Alejandría. El convenio se firmó después de que la empresa semipública, participada al 51% por la Sepi, se comprometiera además a conseguir Fondos de Ayuda al Desarrollo (FAD) para pagar la operación. El juez acusa a Defex de pagar comisiones de 7 millones de euros a políticos brasileños.
Defex consiguió un total de 18 millones de euros, el equivalente al 60% del contrato, en el marco del Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) que aprueba el Ministerio de Asuntos Exteriores, y al frente del cuál estaba en ese momento, como titular de la cartera, Miguel Ángel Moratinos.
Para obtener la ayuda pública, la compañía presentó en 2010 una declaración anticorrupción ante el ICO, instituto que tramita la gestión de los fondos al desarrollo, firmada por el entonces director de Operaciones, Ángel Larumbe, y el exdirector financiero, Enrique Gómez Cuesta. Ambos directivos admitían en el escrito al que ha tenido acceso este diario que el pago de comisiones comerciales sólo ascendía a 1,25 millones. Sin embargo, las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil apuntan a que las comisiones podrían ser mucho más altas. La media en los contratos en los que ha intermediado Defex desde 2008 y hasta 2014 eran del 8% para los intermediarios y del 9% para la propia filial de la Sepi. Eso significaría un total del 17%, que en el caso del convenio de Egipto equivaldría a más de 5 millones de euros.
Además, Larumbe y Cuesta, como representantes de Defex, se comprometían en la declaración anticorrupción "a proporcionar información sobre los receptores, las cantidades y el objeto del abono de comisiones comerciales". Paradójicamente, los exdirectivos certificaron que no estaban incursos en ningún proceso judicial ni habían sido condenados con anterioridad por delitos de corrupción de funcionario público extranjero. Ahora, tanto Larumbe como Cuesta permanecen imputados en el proceso judicial del caso Defex.
De acuerdo con la documentación, la adjudicación del convenio de seguridad para las zonas arqueológicas de Egipto la llevó a cabo el Ministerio de Cultura del país árabe después de varios años de negociaciones. Los contactos se iniciaron en 2002, aunque se aceleraron ocho años después, ante el temor de revueltas en el país por la tensión que se vivía en la región y que acabó desembocando en la Primavera Árabe. El contrato con Egipto investigado ha desaparecido de la sede de la Audiencia Nacional, según informan fuentes conocedoras del caso a elEconomista.
La trama llegó a cinco países
Los presuntos casos de corrupción protagonizados por la empresa Defex tocan a cinco países diferentes: Angola, Brasil, Camerún, Arabia Saudí y Egipto. Las autoridades luxemburguesas fueron las primeras en dar la voz de alarma a España en 2012 al preguntar por una transferencia de 41 millones de euros realizada por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Defex-Cueto 92, ésta última firma dedicada a la comercialización de armas.
El dinero, según la investigación judicial, formaba parte de una comisión de 70 millones de euros que los responsables de la UTE habían desviado a distintos paraísos fiscales tras firmar un contrato con Angola por 152,9 millones en 2008. El fiscal anticorrupción Conrado Sáez abrió diligencias tras el aviso de Luxemburgo, aunque el caso no se judicializó hasta junio de 2014.
Desde entonces, primero con el magistrado Pablo Ruz al frente del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, y ahora con el juez José de la Mata, los presuntos casos de corrupción en el seno de la compañía de la Sepi no han cesado de expandirse y salpican incluso a Fernando Aguilar Viyuela, expresidente de Defex entre 2012 y 2015 y cuñado de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
En lo que respecta al contrato con Brasil, la compañía española llegó a pagar hasta 7 millones de euros en comisiones a políticos brasileños a cambio de conseguir contratos en el país, según refleja el juez De la Mata en un auto al que ha tenido acceso este diario. Las sociedades intermediarias que participaron en la consecución de los acuerdos remitieron parte de los fondos recibidos por la empresa española a firmas de Asia y Europa.
La sobrina de Paesa
Una de las primeras detenidas en la investigación fue Beatriz García Paesa, la sobrina del espía Francisco Paesa, y presunta artífice del entramado empresarial que ayudó a los responsables de Defex y Cueto 92 a difuminar el rastro de las comisiones por distintos paraísos fiscales.
Paesa, además, está vinculada a los papeles de Panamá al aparecer en 38 firmas creadas por el despacho de abogados Mossack Fonseca. El consejero delegado de Cueto 92, Juan Carlos Cueto, también aparece en los documentos panameños ligado a una sociedad radicada en las Islas Vírgenes. Mossack Fonseca creó esta firma en julio de 2008, precisamente un mes después de que se rubricara el contrato con Angola.
