La Justicia acusa a la empresa semipública Defex de pagar comisiones de 7 millones a políticos brasileños a cambio de conseguir contratos, y de desviar los fondos obtenidos a países radicados en Asia o Europa. Esta acusación se suma a una previa en la que los responsables de la firma, junto a una sociedad llamada Comercial Cueto 92, habrían desviado a distintos paraísos fiscales 70 millones de un contrato de venta de armas a Angola.
A falta de que el proceso judicial concluya sus investigaciones, los responsables de Defex deben dar las explicaciones pertinentes sobre unas sospechas tan graves. Máxime cuando se trata de una firma dedicada a la intermediación en la venta de armas, que está participada en un 51% por la SEPI.
