El traspaso de la concesión de la línea de alta velocidad entre España y Francia a los Estados de estos países se consumará el próximo 15 de noviembre, señalan fuentes conocedoras de la hoja de ruta diseñada.
La sociedad Línea Figueras-Perpiñán, que aún tiene que registrarse y estará participada a partes iguales por los gestores ferroviarios Adif y SNCF Rèseau, sustituirá como operador de la infraestructura a TP Ferro, la concesionaria propiedad al 50% de ACS y Eiffage, que no ha superado el concurso de acreedores.
El magistrado del juzgado de lo Mercantil de Gerona, Hugo Novales, dictó hace escasas fechas la apertura de la fase de liquidación de TP Ferro, que no ha sido capaz de llegar a un acuerdo con sus acreedores para reestructurar su abultada deuda. En total, arrastra un pasivo de 557,2 millones de euros, de los que 391,5 millones corresponden a entidades financieras y fondos.
El pasado 15 de septiembre, los acreedores, entre los que sobresalen ING, BBVA, Bankia y Banco Santander, estaban citados para votar la propuesta de convenio que la concesionaria remitió al juez en junio, pero ni siquiera hubo quórum suficiente para celebrar la junta.
La nueva sociedad económico-financiera de carácter público absorberá a los aproximadamente 75 trabajadores que emplea TP Ferro. El 90% son operarios y el 10%restante se encarga de las cuestiones administrativas y de servicio.
"La actual dirección de TP Ferro, así como toda la organización, serán mantenidas en el seno de la nueva empresa común", indicó el pasado 15 de septiembre la concesionaria en un comunicado.
Estos trabajadores ya han sido informados de que, presumiblemente, el próximo 15 de noviembre pasarán a formar parte de la nueva compañía, que mantendrá la sede social en España, pero cuya estructura organizativa aún no se conoce.
Los gobiernos de España y Francia han analizado durante más de un año las mejores opciones para garantizar el servicio de la línea que une las localidades de Figueres y Perpiñán "con los mismos niveles de prestaciones, seguridad y calidad". En este sentido, ambos Ejecutivos firmaron en mayo pasado un acuerdo internacional de explotación.
TP Ferro, por su parte, ha iniciado la fase de liquidación. Será pilotada por el administrador concursal Pau Vila, que sustituyó hace un mes al consejo de la sociedad. En paralelo, los accionistas, ACS y Eiffage reclamarán a España y Francia una compensación que podría superar los 450 millones. La resolución, que se dirimirá en el Tribunal de la UE, tardará años en dictaminarse.
