El empresariado español resiste, de momento, a la falta durante casi nueve meses de Gobierno en nuestro país. Sin embargo, muchos son los sectores productivos consultados por elEconomista que aseguran que el escenario de terceras elecciones sí haría en muchos casos ralentizar o paralizar buena parte de las inversiones y operaciones futuras.
Los negocios más intervenidos y con una mayor regulación pública, como el de la Energía, Defensa o Banca, esperaban durante este año la aprobación de regulaciones prometidas, así como la existencia de nuevos presupuestos para acometer varias de las operaciones y reformas pendientes.
El economista Javier Santacruz, de la Universidad de Essex, explica que el sector más paralizado "es el de la obra civil y las licitaciones", aunque también advierte de que las multinacionales "no se atreven ahora a abrir filiales en España por el temor al adelanto del pago del Impuesto de Sociedades. Es un mensaje negativo en este momento de inestabilidad política", afirma.
Por sectores, el energético es el que ha visto una ralentización mayor de su normativa. Sigue habiendo flecos pendientes de la reforma eléctrica acometida durante la legislatura, como la regulación de las condiciones de hibernación de las centrales de gas, la asignación de los superávit de la tarifa o la metodología de asignación de los cargos del sistema en las tarifas de acceso. Pendiente está también la norma que determina el margen del suministro a la tarifa regulada, el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), al igual que la retribución de las plantas de tratamiento de purines, que condicionan la evolución del recibo de la luz para el próximo año.
Baja el negocio bancario
En el sector financiero, la paralización de algunos proyectos empresariales está limitando el volumen de créditos concedidos. Esta misma semana, el consejero delegado de Caixabank, admitía que con un Ejecutivo el flujo de los préstamos sería más elevado.
Esta situación está afectando a las entidades de alguna en las ventas de activos improductivos, especialmente carteras de morosos y adjudicados. La evacuación de este tipo de préstamos e inmuebles es clave para que el sector sanee su balance y aumente la rentabilidad, en caída libre por el descenso de los ingresos como consecuencia de los tipos negativos. Botín señalaba a principios del ejercicio que "el teléfono de los inversores para interesarse por este tipo de activos suena menos".
También se está aplazando la integración de las dos entidades nacionalizadas, Bankia y BMN, ya que se tiene que negociar con Bruselas las condiciones al tratarse de dos grupos que aún están en proceso de reestructuración y no han devuelto las ayudas inyectadas durante la crisis. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha señalado en alguna ocasión que será el nuevo Ejecutivo el que tendrá que conversar con las autoridades comunitarias sobre este asunto.
Igualmente, la situación de impasse dificulta que salga adelante la nueva ley de los establecimientos financieros de crédito, cuyo proyecto de Real Decreto se quedó atascado en octubre del pasado año, y tiene parado el reglamento de transposición de directivas como la de protección de datos. La ausencia de normativa no afecta, en la práctica, al día a día de las firmas financieras porque se sujetan a las reglas y pautas de supervisión previamente vigentes, aunque supone una incertidumbre normativa para esta industria.
Falta de presupuesto
La prórroga de los presupuestos para 2016 y la perspectiva de ausencia de Gobierno está afectando sobremanera al sector de la Defensa. El Ministerio de Pedro Morenés aún no ha pagado a las empresas de armamento con las que mantiene programas. La cifra de la cuantía que debe asumir el Gobierno en funciones ronda los 1.000 millones de euros, que por el momento no están presupuestados en las cuentas públicas. El Ministerio no ha solicitado aún el crédito correspondiente para poder afrontar el pago de los Programas Especiales de Armamento, y lo dejaba pendiente antes del 26-J al nuevo Gobierno.
Por último, desde el sector inmobilario, uno de los que ha tenido más volumen de negocio en el último año, reconocen que hay fondos internacionales esperando a que se resuelva la situación para entrar en España. "Entre los inversores internacionales se empiezan a escuchar la palabra de irresponsabilidad refiriéndose a la situación política que estamos viviendo en España", indica Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin Properties.
En este sentido, José Antonio Gómez-Pintado, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), advierte de que unas terceras elecciones supondrían "un punto de inflexión".
