El Ministerio de Defensa ha utilizado en los últimos cuatro años un singular método para financiar fuera de presupuesto los programas de armamento: la continua petición de créditos extraordinarios cargados a deuda pública vía Real Decreto.
Este sistema, que está reservado para casos de "extraordinaria urgencia", ha permitido al departamento que dirige en funciones Pedro Morenés saltarse los ajustes exigidos por Bruselas, que acaba de sancionar a España por incumplir los objetivos de déficit, y mantener el nivel de gasto. Así, y pese a la reducción formal de su presupuesto, Defensa ha solicitado cuatro créditos suplementarios por 4.390 millones de euros entre 2012 y 2015, para hacer frente a los compromisos adquiridos con la industria militar.
El sistema de créditos extraordinarios elegido por Defensa para aumentar su capacidad de gasto no está exento de polémica y ha sido criticado por el Tribunal de Cuentas, que no ha dudado en tacharlo de "irregular e injustificado"en su último informe de fiscalización sobre la financiación de los Programas Especiales de Armamento (PEAs).
El organismo critica sobre todo que la cartera de Morenés use un método de financiación reservado para casos "extraordinarios y de urgente necesidad" como una vía rutinaria de financiación para hacer frente a pagos previstos y conocidos desde la década de los 90.
"La situación financiera de los PEAs no era ni es en absoluto desconocida ni imprevisible, sino todo lo contrario. La financiación a través de créditos extraordinarios (...) se ha convertido en una situación presupues- taria estructural en defecto de una presupuestación realista ajustada a los compromisos conocidos por el Gobierno", espeta la entidad fiscalizadora.
Partidas insuficientes
El Tribunal de Cuentas reprocha así al Ejecutivo que, a pesar de conocer con antelación sus compromisos de pago en materia de armamento, desde 2012 no ha procedido a dotar al presupuesto de Defensa con la cuantía suficiente para hacer frente a los programas con "el objeto de paliar las negativas consecuencias de las drásticas reducciones presupuestarias que afectaron gravemente a los PEAs", explica el Tribunal de Cuentas en el informe fiscalizador.
Por ejemplo, la Ley de Presupuestos de 2012 dotó con 4,95 millones de euros la partida destinada a pagar armamento. La cantidad era a todas luces insuficiente y en julio de ese año el Congreso de los Diputados publicó el Real Decreto-Ley 26/2012 por el que se aprobaron recursos extraordinarios de 1.782 millones de euros para el Ministerio de Defensa, lo que implicó elevar el presupuesto del departamento casi un 18 por ciento, tal y como denunció en su día UPyD.
Defensa repitió la misma práctica durante los años posteriores. La Ley de Presupuestos asignó al Ministerio en 2013, 2014 y 2015 una partida de 6,84 millones de euros respectivamente para hacer frente al pago de los programas de armamento, sin embargo la Administración encabezada por Morenés recurrió durante esos tres ejercicios a los créditos extraordinarios, solicitando 877,3 millones en el año 2013; 883,6 millones en 2014 y otros 846,9 millones de euros el año pasado.
Paradójicamente, el Ejecutivo de Mariano Rajoy anunció en 2012 un recorte en el presupuesto de Defensa del 8,84 por ciento, otro del 6,01 por ciento en 2013, una bajada del 3,22 por ciento en las cuentas de 2014 y, finalmente, la congelación de las mismas en 2015, siempre de cara a contener el gasto público. A pesar de los anuncios oficiales, estas partidas iniciales, lejos de satisfacer un recorte real, han sido incrementadas por los créditos.
El organismo presidido por Ramón Álvarez de Miranda también critica la falta de detalles y explicaciones dados por Defensa cuando solicita los créditos extraordinarios. El Tribunal señala que las memorias económicas y justificativas que respaldan la tramitación de los expediente son breves, no explican o justifican la urgencia y utilizan los datos que ya se tenían como referencia para elaborar el anteproyecto de presupuestos.
El Tribunal de Cuentas recomienda a Defensa hacer una "presupuestación realista acorde a las necesidades de los programas especiales de armamento". La entidad fiscalizadora pide "evitar el uso excesivo de la financiación a través de créditos extraordinarios" no sólo por los problemas que genera al gestor de fondos públicos la falta de dotación, sino por la necesidad de controlar la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. De igual modo, exige proporcionar un marco estable a la financiación de los PEAs para evitar la "incertidumbre"económica sobre los mismos.
Por su parte, Defensa reconoce el uso de los créditos extraordinarios para compensar los ajustes, ya que la congelación de los pagos estaba "poniendo en peligro la industria, un elevado número de empleos y la credibilidad de la nación conlos aliados". "Los presupuestos de 2013 y 2014 continuaron con la tónica de reducción de gasto (...) aun a sabiendas de que era insuficientes para satisfacer las obligaciones de los programas de armamento. Por ese motivo se ejerció la técnica del crédito extraordinario, a fin de salvaguarda el sector tecnológico de las insdustrias", dice Defensa.
