Adif exigirá la devolución de 82 millones de euros a tres UTEs que se adjudicaron contratos del AVE entre Madrid y Barcelona por obras certificadas y que, en realidad no están ejecutadas o se hicieron con materiales de calidad inferior a la que figuraba en los papeles. El Ministerio de Fomento realizó las adjudicaciones en 2010 por 735 millones para la construcción de la estación de La Sagrera.
Una UTE integrada por Dragados, Acciona, Comsa y Acsa se adjudicó las obras de su estructura por 366 millones de euros; los accesos de estación corrieron a cargo de otra unión de empresas conformada por Rubau, Copcisa, FCC y Ferrovial Agroman por un coste de 222 millones, mientras que una tercera sociedad integrada por Acciona y Copcisa ganó las obras de la plataforma de la línea en el sector de Sant Andreu del tramo La Sagrera-Nudo de la Trinitat, por 177 millones de euros.
Adif sospecha que varios de sus directivos podrían haber participado en la malversación de los fondos públicos, por lo que despidió a todos los presuntos implicados y presentó la denuncia ante la Fiscalía en noviembre de 2014. Lo hizo después de descubrir irregularidades en otro de los tramos, un proyecto que se adjudicó por 67,9 millones de euros a Corsán Corviam. Este contrato está también bajo investigación judicial en el marco de la operación Yogui por inflar la facturación de la obra en más de un 30%, supuestamente con la complicidad de dos exaltos cargos que ayer volvieron a ser detenidos.
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona, Roser Aixandi, ordenó ayer quince registros domiciliarios entre los que figuraban las oficinas de Adif en Madrid y Barcelona, y las sedes de las tres UTE adjudicatarias de los contratos de La Sagrera.
Contratistas beneficiados
El fiscal Anticorrupción Emilio Sánchez Ulled considera que en las conductas investigadas han participado funcionarios de la administradora de infraestructuras ferroviarias directamente relacionados con las obras, empleados de empresas privadas encargadas del auxilio técnico a los anteriores y personal directivo de las empresas contratistas "beneficiadas por el desvío de dinero público".
El Ministerio Público aseguró ayer en un comunicado que existen sólidos indicios de que el falseamiento de las certificaciones de obra respondía a la intención de "favorecer indebidamente a las empresas contratistas", las cuales habrían estado percibiendo de este modo sumas de dinero público muy superiores a las que realmente correspondía recibir.
La juez atribuye a los presuntos miembros de la trama los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental y prevaricación. Además, investiga si los responsables de validar las obras infladas recibieron sobornos por permitir los sobrecostes, lo que supondría también un posible delito de cohecho. Por esta razón, la magistrada ordenó a los agentes de la Guardia Civil que buscara en los registros dinero en efectivo y pruebas de regalos o viajes pagados.
