El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha ratificado las sanciones impuestas por la Comisión Europea a Repsol -de 80,4 millones de euros- y a Cepsa -de 83,8 millones- por repartirse el mercado y pactar los precios del asfalto durante 12 años en España, entre 1991 y 2002. El valor de dicho mercado durante el último de los ejercicios completos, 2001, ascendió a 286 millones de euros.
El TJUE ha desestimado los recursos de casación presentados por ambas petroleras contra la multa, anunciada por las autoridades de Bruselas en octubre de 2007. La Decisión de la Comisaría de Competencia, por entonces comandada por Neelie Kroes, afectó a 10 empresas, con un importe conjunto de 183,6 millones.
Las dos mayores sanciones les correspondieron a Repsol y Cepsa -junto con su filial Proas- al entender que lideraban el cártel. Sin embargo, posteriormente les aplicó una reducción del 40 por ciento y el 25 por ciento respectivamente por su cooperación con la investigación, al amparo del programa de clemencia de la Comisión. Al final, a Repsol le correspondieron 80,4 millones y a Cepsa 83,8 millones. Otras sanciones reseñables recayeron sobre la sueca Nynäs, de 10,6 millones, y sobre la portuguesa Galp, de 8,6 millones.
De acuerdo con la Comisión, como mínimo desde el año 2001 y hasta el año 2002, los participantes se repartieron cuotas de mercado, se distribuyeron los volúmenes de ventas y los clientes, supervisaron el cumplimiento de estos pactos de reparto mediante el intercambio de información confidencial, se compensaron mutuamente en el caso de que se produjeran desviaciones sobre lo acordado y convinieron la modificación de los precios a partir de un mismo momento.
El libro gordo de Petete
Las negociaciones sobre el reparto del mercado y las modificaciones de los precios se celebraban alrededor de la llamada mesa de asfaltos. Ésta se reunía en hoteles o en locales de los participantes. Al final de cada año se elaboraba un grueso dosier en el que se asignaban los volúmenes de ventas y los clientes de cada uno. Se le dio el nombre clave de Petete o PTT, en alusión a un conocido programa infantil de televisión.
La Comisión consideró que estas prácticas constituían una infracción muy grave de las normas comunitarias de la competencia. Para calcular el monto de las multas, los servicios técnicos de Bruselas estimaron la dimensión del mercado español del asfalto, la duración del cártel y el tamaño de las empresas implicadas. En 2001, el último año completo en que se produjeron los comportamientos castigados, el mercado español, excluyendo las Islas Canarias, ascendió a unos 286 millones.
BP lo denunció
La Comisión inició las inspecciones en las oficinas de los integrantes del cártel en octubre de 2002, tras una denuncia presentada por la petrolera británica BP. Ésta delató a los demás tras la aparición de una Comunicación de la Comisión relativa a la reducción o retirada de multas, sucedida poco antes. Así, su sanción, que hubiera sido de 66,4 millones, se quedó en nada.
