La calidad de las auditorías energéticas que deben acometer más de 3.700 empresas antes del 14 de noviembre está en entredicho, tanto por el hundimiento de los precios -ya han bajado un 80 por ciento- como por la deficiente concreción del procedimiento inspector.
Sin embargo, en el caso de que las comunidades autónomas detecten infracciones en su ejecución, como no alcanzar los mínimos exigidos legal o reglamentariamente, pueden imponer a la empresa auditada una sanción que llega hasta los 100.000 euros en algunos supuestos.
Pues bien, de acuerdo con una nota informativa del área jurídica de la Entidad Nacional de Auditores y Certificadores Energéticos (Enace), la empresa multada puede reclamarle la sanción al auditor -siempre una persona física- en concepto de responsabilidad patrimonial.
Y también se la puede exigir en otros supuestos, como el hecho de que las inversiones acometidas para reducir el consumo no den el resultado previsto o que la empresa pierda una licitación en la que se exija unos parámetros concretos de eficiencia y no los cumpla a pesar de haber realizado una auditoría al objeto, precisamente, de adecuar los consumos de la empresa a las exigencias de la licitación.
Los auditores deben contratar un seguro de responsabilidad civil con un mínimo de 150.000 euros para cubrir los daños directos que pueden producirse durante la auditoría, como un accidente laboral o daños producidos a la maquinaria.
Pero ese seguro está al margen de las reclamaciones que puede sufrir el auditor en el caso de que las propuestas de mejora que se deriven de la auditoría no se materialicen una vez acometidas las inversiones necesarias para conseguirlas.
La nota de Anece, para prevenir demandas contra los auditores, les recomienda que no garanticen nunca un porcentaje concreto de ahorro energético, más allá de los estándares legales, para evitar generar unas expectativas que se frustren. Una solución sería dar márgenes amplios respecto al porcentaje de beneficio estimado.
