La firma de servicios profesionales se ha visto salpicada por escándalos en otros sectores en los últimos tiempos, como la crisis de Abengoa y las supuestas irregularidades de OHL en México.
Esta semana, Deloitte ha sido imputada por su posible responsabilidad en la fallida salida a bolsa de Bankia. La firma y el socio encargado de esta entidad, Francisco Celma, tendrán que dar explicaciones en la Audiencia Nacional el próximo 20 de junio sobre su actuación en la revisión de las cuentas publicadas por el grupo, entonces liderado por Rodrigo Rato. A principios de año, el Supremo declaró nula la venta de acciones de Bankia en julio de 2011, al considerar que las cifras presentadas previamente no reflejaban fielmente el estado en el que la entidad se encontraba.
La imputación (investigación con la nueva normativa) es el colofón a una serie de sospechas sobre el trabajo desarrollado en los últimos ejercicios por la compañía que preside Fernando Ruiz, no sólo en Bankia, sino en el conjunto del sistema financiero español, y en compañías de otros sectores que han tenido que ser rescatadas con pérdidas relevantes.
Por su labor, no sólo de auditoría, Deloitte cobró casi 78 millones de las cajas o grupos de cajas que han tenido que ser rescatadas o nacionalizadas entre 2008 y 2012, periodo que va desde el estallido de la crisis al rescate que España se ve obligado a pedir a Europa para salvar a la banca. La sociedad de servicios profesionales era entonces auditor de prácticamente la totalidad de todos ellos o lo había sido de alguna de las entidades que habían participado en la oleada de fusiones del sector.
Su principal cometido como auditor era verificar que los números correspondían con la realidad y advertir de los riesgos evidentes. Salvo mínimas excepciones de última hora, Deloitte validó sin salvedades las cuentas que presentaban año tras año los grupos de cajas, que han tenido que reclamar ayudas públicas directas por un importe superior a los 60.000 millones de euros, aún por recuperar. Tuvo como clientes, además de Bankia y sus principales integrantes (Caja Madrid, Bancaja y Banco Valencia), Catalunya Banc, Novagalicia, BMN, Ceiss y su creadora Caja España, Liberbank, Caja Burgos (perteneciente a la extinta Banca Cívica), Cajasur y CAI -de Caja3, hoy integrada en Ibercaja-.
Sólo por Bankia ha tenido problemas con los tribunales o con las autoridades nacionales, pero por toda su labor ha sufrido un deterioro de su imagen y su reputación. De hecho, en los últimos concursos que las grandes compañías del Ibex 35 han lanzado para cambiar de auditor (como Telefónica o Iberdrola), Deloitte no ha ganado ninguno por el momento.
En 2014 sufrió una multa por parte del ICAC, dependiente del Ministerio de Economía, de 12,3 millones, por falta de independencia en su actuación en el grupo liderado por Caja Madrid, ya que participó en la elaboración del proyecto de salida a bolsa, al tiempo que auditaba sus cuentas.
Incumplimiento de la ley
El ICAC, además, en un informe remitido a la Audiencia Nacional, llegó a acusar a Deloitte de haberse saltado la legislación al pactar con Bankia una cláusula que le eximía de cualquier responsabilidad en la elaboración de las cuentas presentadas por la entidad para su oferta pública de acciones.
Por su parte, los inspectores judiciales del caso Bankia, Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, han sostenido durante la investigación que la firma ignoró una decena de errores para validar los estados contables de la entidad.
Al margen del sector financiero, Deloitte ha sido el auditor de compañías que se han visto involucradas en casos presuntamente delictivos o están en dificultades económicas. Dos son los ejemplos más claros: la filial mexicana de OHL, por la que ha sido multada con 200.000 euros por irregularidades, y Abengoa, que se encuentra en proceso de reestructuración de su deuda.