La fallida salida a bolsa de Bankia todavía presenta múltiples frentes abiertos. Es cierto que se han dado avances en ciertos ámbitos, como las compensaciones a los particulares que se vieron atrapados en la OPS. No en vano la propia entidad tuvo que tomar la iniciativa, abriendo una vía extrajudicial para negociar con los minoritarios, después de que el Supremo diera un espaldarazo al recurso a la vía civil para reclamar las cantidades invertidas.
El pago de 1.700 millones en devoluciones, sin embargo, no oculta el hecho de que aún están por dirimirse las responsabilidades de quienes hicieron posible que una entidad en tan precaria situación saliera al parqué. A estas alturas de las investigaciones, es ya claro el carácter político de la operación apadrinada por la entonces vicepresidenta del Gobierno Elena Salgado, con la complicidad del Banco de España y la CNMV.
De igual modo, tiene que someterse a escrutinio el rol que desempeñó la firma que se encargaba de auditar las cuentas de Bankia: Deloitte. Por ello, no debe sorprender que el juez Fernando Andreu, quien instruye en la Audiencia Nacional la causa penal abierta por la OPS, cite ahora a declarar como investigados al representante legal de la auditora y al socio Francisco Celma. El hecho de que este último situara su firma al pie de unas cuentas que no reflejaban la verdadera situación de Bankia en el momento de salir a bolsa no sólo deja en entredicho la credibilidad de Deloitte.
Además, ha supuesto pagar un alto precio con dinero público para rescatar una entidad en cuya matriz, BFA, el Estado sigue siendo el accionista mayoritario. La auditora, por tanto, tiene aún pendiente aclarar sus responsabilidades.
