Los nuevos ejecutivos autonómicos de Cataluña y la Comunidad Valenciana han puestos sus ojos en la sanidad privada como uno de sus principales objetivos durante su legislatura. Si en la Comunidad de Madrid, la llamada marea blanca buscó acabar con la gestión privada de hospitales públicos, ahora la entrada de nuevos partidos en el escenario político va mucho más allá. La idea de ambos gobiernos es acabar con todas las concesiones sanitarias y que la sanidad pública no tenga acuerdos con empresas sanitarias privadas.
De llevarse a cabo puede ser un duro golpe para un sector que da empleo de manera directa a 240.000 trabajadores en nuestro país y que supone el 28,3% del gasto sanitario total.
En Cataluña el plan de trabajo del nuevo consejero de Salud, Toni Comín -de la órbita de ERC- es claro: reducir al máximo la participación de las empresas privadas con ánimo de lucro en el sistema de salud público.
Según ha anunciado Comín, el próximo 22 de febrero, el consejo de dirección del Servicio Catalán de Salud (CatSalud) decidirá eliminar dos hospitales del grupo Quirón de la lista de entidades adheridas al Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública (Siscat), ya que los contratos acaban este año. Son la Clínica del Vallés y el Hospital General de Cataluña.
De acuerdo con fuentes del sector, el proceso de desprivatización del sistema sanitario en Cataluña no es algo nuevo. En los últimos años, en las concesiones de servicios que se han efectuado, se ha dado siempre prioridad a los centros públicos y luego, a los privados sin ánimo de lucro. En los ayuntamientos gobernados por la CUP, según estas mismas fuentes, se han producido muchos cambios de este tipo e incluso algunas clínicas privadas han cerrado. La CUP es una pieza clave en el rumbo que toma el sistema sanitario catalán, porque es socia de gobierno de Junts pel Sí, que necesita de su apoyo para aprobar unos nuevos presupuestos.
Por el momento, el nuevo conseller ha explicado que la decisión de eliminar completamente a las clínicas que buscan obtener beneficios se aplicará en el ámbito hospitalario y no se trasladará, por ejemplo, a la atención a enfermos mentales. Sin embargo, su intención es dar prioridad siempre a los centros públicos y privados sin ánimo de lucro y que se "auditen" las prescripciones de servicios a las entidades privadas.
Medir los resultados
Por su parte, la consellera de Sanidad valenciana, Carmen Montón, dejó claro su objetivo respecto a las concesiones sanitarias en el mismo momento en que asumió su cartera: devolver "lo antes posible" los departamentos de salud gestionados por empresas concesionarias a manos públicas.
En esta línea ha estado trabajando la Conselleria en los últimos meses, buscando resquicios legales que permitiesen revertir los contratos de adjudicación sin asumir millonarias indemnizaciones. Una opción que no parece viable, por lo que la Generalitat ha asumido que deberá esperar al vencimiento de los acuerdos.
Existen cinco áreas de salud bajo concesión en la región, que dan cobertura a una población de en torno a un millón de personas, el 20% de los habitantes de la comunidad. Cuatro de ellas -Torrevieja, La Ribera-Alzira, Dénia y Elche-Vinalopó- están gestionadas por Ribera Salud. La quinta -Manises-, por el Grupo Bupa Sanitas. Sólo el contrato de concesión del área de salud de Alzira expira en esta legislatura, en concreto, en 2018. El resto, vencen entre 2022 y 2025, de manera que su continuidad dependerá de los futuros gobiernos autonómicos.
Montón ha anunciado auditorías de las cuentas de los últimos ejercicios, de inversiones y de servicios asistenciales de las concesionarias y de los centros que gestionan. Si bien, admite que los resultados no serán vinculantes en su decisión de romper con este modelo, que responde a un "compromiso político" entre los socios del tripartito valenciano, y no a criterios de eficiencia económica, asistencial o calidad en prestaciones. "Que nadie espere que se van a renovar las concesiones hospitalarias", afirmaba tajante Montón la semana pasada.
Una de las compañías más afectadas, Ribera Salud, respondía a la consellera defendiendo su gestión con datos estadísticos de la propia Conselleria de Sanidad. Según los mismos, en 2014, el coste medio sanitario por paciente en sus centros fue de 815,47 euros, un 38,82%inferior a los de gestión pública directa, y la productividad fue un 37,3% mayor.
También logró mejores ratios en plazos de espera -tanto en consultas como en urgencias, tratamientos e intervenciones quirúrgicas-; aplicación de nuevas tecnologías en la asistencia a pacientes; control de factores de riesgo cardiovascular; rendimiento quirúrgico, y menores tasas de reincidencia de enfermedades y mortalidad.
