Acuamed, la empresa pública que promovió en España las obras de las desaladoras bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, suma unas pérdidas operativas en la última década de 113 millones de euros. Después de haber pagado hasta 330 millones de euros en sobrecostes, según alertó el Tribunal de Cuentas en 2014, y bajo la sospecha ahora de contratos y liquidaciones infladas, la sociedad ha incurrido en números rojos año tras año de forma consecutiva.
El récord de pérdidas se registró en 2014, el último año con cuentas publicadas en el Registro Mercantil. Ese ejercicio, la sociedad declaró haber arrojado un resultado negativo operativo por importe de 28,7 millones, lo que supone más del doble respecto a los 12,7 millones que perdió un año antes y veinte veces más que en 2012.
Ejercicio tras ejercicio, las pérdidas quedan sin embargo compensadas gracias a ingresos financieros extraordinarios, que han permitido ir equilibrando su situación financiera. En 2014, de hecho, estos ingresos se elevaron a 53,3 millones, lo que permitió que el resultado final después de impuestos fuera positivo. La empresa declaró haber ganado ese año un total de 9,8 millones de euros.
Aunque por el momento, los primeros indicios judiciales señalan que la empresa dependiente del Ministerio de Agricultura podría haber defraudado 25 millones de euros, los motivos del desfase que reseñó el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización de la sociedad realizado hace ya dos años son idénticos a los que ahora se investigan: contratos dados por encima de la licitación inicial, revisión de precios y pagos por liquidaciones por encima de lo pactado.
Preguntado el Ministerio por elEconomista sobre la naturaleza de las transacciones financieras que permiten a la empresa arrojar números negros, éste responde escuetamente por correo electrónico: "Con respecto a los ingresos financieros, se corresponden con los obtenidos con la gestión de los excedentes de tesorería".
Desviación presupuestaria
Las desaladoras de las cuencas mediterráneas siguen mientras tanto bajo sospecha y el escándalo ha provocado ya la dimisión del número tres de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Federico Ramos, ex secretario de Presidencia, está presuntamente relacionado con el caso Acuamed y habría participado en la negociación de los sobrecostes como antiguo secretario de Estado de Medio Ambiente.
En concreto, habría acudido a una una reunión en la que se pactaron, con representantes de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), compensaciones indebidas de 40 millones de euros. Varios denunciantes anónimos, trabajadores de Acumaed, admitieron ante el juez Eloy Velasco sus sospechas sobre el papel que Ramos desempeñó en aquella negociación ahora investigada, siendo presidente del consejo de administración de la sociedad. En el auto en el que envía a prisión a cinco personas, entre ellas el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, Velasco precisaba que la compensación irregular quedó reflejada en los presupuestos generales del Estado de 2015. También se consignó una cantidad total de 26 millones en los presupuestos de 2016.
