Azahara Peralta Bravo, ingeniera agrónoma y licenciada en Ciencias Ambientales, era directora de obra del proyecto de Acuamed para limpiar la contaminación del río Ebro en Flix -una de las obras clave de la trama de corrupción- hasta el 31 de julio de 2015. "Me echaron por negarme a firmar sobrecostes", afirma en una entrevista con elEconomista. Ha demandado a la empresa por despido improcedente y espera fecha del juicio.
Tras cinco años en Acuamed, Peralta aterrizó en Flix en octubre de 2013. Se estaban extrayendo residuos tóxicos del río -más de un millón de toneladas, vertidas por Ercros durante un siglo- y la obra "estaba totalmente controlada"; además de Acuamed, la vigilaban el Ministerio de Agricultura, la Agencia Catalana del Agua, la Confederación Hidrográfica del Ebro y otras entidades.
Sin embargo, en enero de 2014 comenzaron los problemas. "El contratista, FCC, presentó una reclamación con dos partes: una sobre la obra realizada y otra sui generis sobre los trabajos pendientes; a mí no me pareció procedente una reclamación a futuro". Peralta contestó por escrito a FCC unos meses después, negándose a admitir los sobrecostes: "las partidas reclamadas sobre la obra realizada, de acuerdo con el contrato, corrían por cuenta del contratista, y en cuanto a las obras pendientes, no se podían valorar en el momento reclamado".
Al poco de enviar su respuesta, comenzaron las presiones; Gabriela Mañueco, la directora de Ingeniería y Construcción -actualmente en prisión- le dejaba caer frases como "siéntante con el contratista" o "mira bien lo que reclama".
La incómoda situación escaló en tensión en enero del año pasado. Acuamed creó un Comité de Control Interno y la primera obra que auditó fue la de Flix. "Al principio pensé que era para mejorar, pero luego me di cuenta de que iban a por mí, por la inflexibilidad con que me pedían la documentación mientras, a la vez, me seguían reclamando que me sentara con el contratista y que atendiera sus peticiones".
El 7 de julio del año pasado le entregaron un pliego de cargos derivado de la auditoría, en el que se le acusaba a ella y a sus superiores jerárquicos -excepto a Mañueco- de cometer irregularidades procedimentales y de ocultamiento de hechos. Alegaron, pero era tarde. Su jefe inmediato fue sustituido por Pablo Martín -también en prisión-, quien sí se sentó con FCC. Por entonces "hubo una reunión en Madrid y después llegó un correo con los acuerdos alcanzados con FCC, que incluía pagarle 40 millones de euros".
Por fin, el 22 de julio, Martín le convocó a una reunión con FCC en la que le indicaron en qué partidas debía consignar los 40 millones. "Me dijeron que estaba liberada de tomar la decisión, pero que debía firmar; me negué y ese mismo día recibí la carta de despido". Al mes siguiente, también por negarse a cometer irregularidades, echaron a los 10 integrantes del equipo de asistencia técnica a su cargo.
