Madrid, 16 sep (EFECOM).- La reclamación de los nacionalistas catalanes del dinero que debe recibir Cataluña para infraestructuras territorializables se ha convertido en el principal escollo con el que se ha topado el Gobierno a la hora de recabar el apoyo necesario para sacar adelante los presupuestos del próximo año.
Así se ha confirmado tras la primera semana de reuniones entre Gobierno, grupos parlamentarios y agentes sociales sobre las cuentas de 2007.
Desde el comienzo de la semana, el vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, escuchó las peticiones de ERC, CiU e IU-ICV que tenían como nexo común solicitar una mayor partida para infraestructuras, en cumplimiento, alegaron, con el Estatuto de Cataluña.
Así, según el Estatuto la aportación para infraestructuras debe suponer el 18,8 por ciento del total del gasto en este apartado en los PGE, en consonancia con el peso que la comunidad tiene en el Producto Interior Bruto (PIB).
La controversia se centra en dictaminar cuál es la cantidad en la que hay que basarse para calcular esa inversión, ya que en función de ello, la cifra varía considerablemente, que oscila entre los 400 millones calculados por el Gobierno y los cerca de mil millones que reclaman las formaciones nacionalistas.
Por ello, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran, dijo que su partido y el Ejecutivo deben "cotejar los cálculos" tras lo que Solbes se mostró "dispuesto a recibir la información de unos y de otros" para ver "dónde están las diferencias".
Para el ministro de Economía, el concepto de infraestructuras puede ser interpretado de forma "voluntarista" e introducir en él elementos que "tradicionalmente no se han considerado como tal" ya que, en su opinión, la metodología que el Gobierno ha aplicado es la "clásica y la que creemos correcta".
Según Hacienda, los partidos catalanes se equivocan porque para calcular cuál ha de ser el aumento de la inversión parten del gasto total territorializable en Cataluña para este ejercicio, (2.878,04 millones de euros) y no el destinado a infraestructuras territorializables, que suponen 2.631 millones.
La ronda de reuniones comenzó a principios de semana con patronal y sindicatos, que dijeron que el propio ministro les reconoció la dificultad de la negociación de estos presupuestos, al coincidir en el calendario con las elecciones autonómicas del 1 de noviembre, y teniendo en cuenta el peso de las formaciones catalanas en el Congreso.
Ocaña les anunció que en 2007 el gasto social aumentará el 7,4 por ciento, porcentaje inferior en siete décimas al alza prevista en los presupuestos de este año.
El presidente de la CEOE, José María Cuevas señaló que el gasto -que aumenta el 6,7 por ciento- "no debería crecer tanto como la economía, sino algo menos", y lamentó que para el Gobierno "no está siendo una prioridad" reducir la inflación y el déficit.
Desde CCOO, José María Fidalgo advirtió de que el modelo de Estado descentralizado, aún siendo "constitucional", limita la capacidad de acción del Gobierno en asuntos claves para el desarrollo económico y social.
Menos crítico fue el máximo dirigente de UGT, Cándido Méndez, quien señaló que la orientación de los presupuestos "coincide altamente con las prioridades" de este sindicato.
Desde IU-ICV, Joan Herrera reconoció que en estas cuentas hay "pasos adelante" e instó al Gobierno a buscar el apoyo de la izquierda para sacar adelante el presupuesto.
El portavoz de ERC Joan Puigcercós pidió mayores partidas para inmigración teniendo en cuenta que los responsables de la "acogida real" son los ayuntamientos y las comunidades, para así garantizar los servicios públicos y ayudar a la integración del colectivo.
El portavoz del grupo parlamentario vasco EAJ-PNV, Josu Erkoreka, subrayó la disposición de su grupo para repetir el acuerdo del año pasado para apoyar los PGE, aunque matizó "que no hay garantía absoluta de acuerdo".
El portavoz del grupo parlamentario de Coalición Canaria (CC-NC), Paulino Rivero, vinculó su apoyo a que Canarias reciba una inversión "que alcance la media del Estado" y aseguró que el Gobierno es favorable a aumentar el treinta por ciento la partida global destinada a la inmigración.
Por su parte, el portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Francisco Rodríguez, advirtió de que su grupo no apoyara los presupuestos "a cualquier precio" y reclamó al Ejecutivo para Galicia el ocho por ciento de la inversión que los PGE destinan a infraestructuras territorializables, porcentaje que según Ocaña "no será difícil de alcanzar".
Al PSOE le basta el apoyo de estos tres últimos grupos (PNV, CC-NC y BNG) para obtener los doce votos necesarios para sacar adelante sus presupuestos. EFECOM
sgb/pvr
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