Madrid, 14 sep (EFECOM).- La inversión que el Estado va a destinar a infraestructuras territorializables en Cataluña volvió hoy a acaparar el interés en las negociaciones que el Gobierno mantiene con los diferentes grupos parlamentarios sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, se reunió hoy con los representantes de los grupos parlamentarios de CiU, CC-NC, PNV y BNG.
Si anteriormente fueron ERC e IU-ICV quienes centraron sus peticiones en dictaminar cuál es la cantidad en la que hay que basarse para calcular la inversión en Cataluña, hoy lo hizo CiU.
Así su secretario general, Josep Antoni Duran Lleida, cifró en 916,62 millones de euros (frente a 400 millones que dice el Gobierno) la cantidad que ha de recibir Cataluña para inversiones, el 18,8 por ciento del total del gasto en esta partida de los PGE, porcentaje acorde con el peso del PIB catalán sobre el español.
Duran dijo que su partido y el Ejecutivo deberán "cotejar los cálculos sobre el incremento de la inversión pública en Cataluña", ya que es "curioso" que ese mecanismo de cálculo de ambas partes sea "idéntico", y sin embargo haya tanta diferencia con los 400 millones de euros que propone el Gobierno.
Desde el Gobierno, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, afirmó que la inversión para infraestructuras territorializables en Cataluña "es una cuestión de metodología, de aplicar la ley y no es una cuestión política" y aseguró que "se precisarán las cifras concretas de esa inversión cuando se conozca su monto total".
Duran recordó a Solbes que utilice la "fórmula de rescate de peajes total o parcial" para compensar la posible inexistencia de obra pública que absorba el total del 18,8 por ciento previsto en los PGE, "como ya ocurre en otras comunidades".
El portavoz del grupo parlamentario vasco EAJ-PNV, Josu Erkoreka, subrayó la disposición tanto del Gobierno como de su grupo para repetir el acuerdo al que se llegó el año pasado para apoyar los PGE, aunque matizó "que no hay garantía absoluta de acuerdo".
Erkoreka destacó que su grupo solicitó al Ejecutivo que se mantenga "el compromiso inversor en el País Vasco existente en los presupuestos de este año".
Asimismo, confirmó que en la reunión se habló del cupo vasco, la ley quinquenal que regula el cupo que paga el País Vasco al Estado por las competencias no transferidas, que concluye este año, y debe ser sustituida por una nueva.
El portavoz del grupo parlamentario de Coalición Canaria (CC-NC), Paulino Rivero, vinculó su apoyo a los presupuestos a que Canarias reciba una inversión "que alcance la media del Estado", el mismo porcentaje que desea para "los servicios esenciales, como sanidad y educación".
Rivero pidió al Gobierno que se respete el Régimen Económico y Fiscal (REF) canario y las cantidades fijadas en el convenio de infraestructuras hidráulicas.
Los nacionalistas canarios también pidieron al Gobierno que incluya en los presupuestos ayudas para la atención de los menores extranjeros, que de momento asume Canarias en solitario.
A este respecto, Rivero explicó que Canarias acoge en la actualidad a ochocientos menores, cuya atención le cuesta 30.000 euros al año, por lo que solicitó al Ejecutivo doce millones de euros para paliar en lo posible este coste.
Rivero aseguró que el Gobierno se mostró receptivo al problema de la inmigración, y dijo que el Ejecutivo estaba dispuesto a aumentar el 30 por ciento la partida global destinada a este ámbito, porcentaje que no confirmó posteriormente Ocaña.
Por su parte, el portavoz del Bloque Nacionalista Galego (BNG) en el Congreso, Francisco Rodríguez, afirmó que a su grupo "le interesa" apoyar los presupuestos, pero advirtió de que "no lo va a hacer a cualquier precio".
Subrayó que el BNG no persigue "sacar más, sino que el Ejecutivo tenga coherencia con las inversiones en Galicia".
Rodríguez mostró su confianza en que el Gobierno "mantenga una línea de compromiso mínimamente aceptable", si bien reconoció que "eso no se sabrá hasta la semana que viene".
Además, reclamó al Ejecutivo para Galicia el ocho por ciento de la inversión total que los PGE destinan a infraestructuras territorializables, porcentaje que según Ocaña "no será difícil de alcanzar". EFECOM
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