En los cuarteles generales de las grandes eléctricas españolas están que trinan con la decisión de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) de realizar un estudio sobre la competencia en el mercado de generación eléctrica sobre el que aseguran que ya se les condena de antemano.
El organismo que preside José María Marín Quemada aseguró el pasado martes en un comunicado que el análisis preliminar efectuado por el organismo ha puesto de manifiesto una serie de aspectos que podrían estar afectando al funcionamiento eficiente y a la competencia de dicho mercado.
Las eléctricas se defienden y aseguran que desconocen las bases sobre las que se cimienta dicho informe preliminar y retan al regulador a que si tiene indicios de irregularidades que abra los expedientes pertinentes y aplique las sanciones correspondientes.
Algunas van incluso más allá y consideran que la CNMC quiere arrogarse las labores de Gobierno en un momento en el que tres sillones del consejo están en el aire.
Para el sector eléctrico, la CNMC ha decidido abrir una causa general al sector con una conclusión preconcebida que pone incluso en duda el trabajo de sus técnicos, que siguen desde el primer momento la evolución del mercado mayorista.
Las eléctricas recuerdan que, por el momento, el regulador no ha dado a conocer el informe sobre la manipulación de las llamadas subastas Cesur en diciembre de 2013 y que muchas de las sanciones que ha impuesto han acabado tumbándolas los tribunales, como por ejemplo, la millonaria multa de 60 millones que se impuso a las compañías y a la patronal Unesa, que finalmente se retiró, aunque fue por un defecto de forma en el registro que realizó la Dirección de investigación.
La Comisión de Competencia ha iniciado un estudio después de constatar, tal y como siempre ha asegurado este diario, que las triquiñuelas del mercado de restricciones son legales. De hecho, el propio ministerio de Industria encargó un análisis a REE de las zonas donde se producían físicamente retricciones técnicas para solventarlo y el Gobierno lamentó no tener tiempo esta legislatura para acometer la reforma del mercado mayorista anunciada en tantas ocasiones.
Las eléctricas recuerdan que la CNMC mantiene desde el primer momento todos los datos del mercado mayorista, Omel, y creen que su actuación pretende impulsar cambios regulatorios mediante acusaciones que, en su opinión, son infundadas.
Las compañías recuerdan también que la CNMC se mostró dispuesta a abrir un expediente en septiembre del año pasado por los precios altos del mercado y, finalmente, no lo hizo.
El estudio abordará también el diseño de los pagos por capacidad para, si se considera adecuado, proponer alternativas regulatorias que permitan alcanzar el objetivo de seguridad de suministro y las primas a las renovables, dos asuntos que ya está investigando la Comisión Europea en estos momentos.
Los beneficios extraordinarios
La CNMC asegura en un comunicado, además, que la situación actual de la generación permite "obtener beneficios extraordinarios que, sin embargo, no conllevan una entrada de nuevos operadores, dado el carácter insustituible de los activos que los generan", un extremo que las eléctricas critican, ya que la generación es libre y quién quiera puede invertir, igual que hicieron ellas, en grandes presas o nucleares, demostrando así capacidad y seguridad en su gestión.
