Los recursos judiciales abiertos por TP Ferro, la sociedad propiedad de ACS y Eiffage que gestiona la línea de alta velocidad entre Figueres y Perpignan (Francia) y que entró en concurso de acreedores a primeros de septiembre, alcanzan también a uno de los mayores bancos del mundo. La compañía tiene abierta una disputa legal contra Bank of America Merrill Lynch (BAML) como consecuencia de que la entidad estadounidense traspasó deuda financiera de la sociedad a fondos de inversión internacionales.
A juicio de TP Ferro, esto supone "una contravención de las obligaciones contractuales" asumidas por el banco. De hecho, la empresa no reconoce en la actualidad a dichos fondos como acreedores de su deuda bancaria, de la que ostentan en torno al 51% del total. Estos fondos, entre los que figuran Avenue, BlueMountain y Neuberger Beman, rechazan los argumentos de ACS y Eiffage. No han planteado, en todo caso, ninguna reclamación contra TP Ferro dentro de este procedimiento.
El conflicto se remonta a marzo de 2014, cuando "una parte significativa" del sindicado de TP Ferro cedió su posición contractual en la deuda bancaria a favor de Bank of America Merrill Lynch. Entre los bancos que se desembarazaron del pasivo figuran algunos de los que formaban parte del comité de coordinación que previamente se había creado para negociar la refinanciación de la deuda y que estaba integrado por BBVA, Banco Santander, RBS, Espírito Santo, Mizuho Bank Nederland y Barclays.
La entidad estadounidense, a su vez, traspasó gran parte de dicha posición a un grupo de fondos de inversión. Esto derivó en que dos meses después, el 23 de mayo, la sociedad concesionaria demandara a BAML ante el juzgado de primera instancia número 89 de Madrid.
En su denuncia, que no había trascendido hasta ahora, la compañía controlada por ACS y Eiffage alegaba que la entidad americana "ha proporcionado y revelado a tales fondos información relativa a la situación financiera y operaciones de TP Ferro protegida por el secreto bancario, suponiendo tal conducta una vulneración de sus deberes legales y contractuales". La concesionaria reclama que se declare el incumplimiento de BAML de la cláusula de cesión prevista en los contratos financieros. También pide que se la prohíba a realizar cesiones de deuda relativa a TP Ferro a favor de cualquier ente que no sea un banco o institución financiera, y se le obligue a "guardar secreto" sobre la situación financiera de la sociedad y no divulgar a terceros cualquier información. Por último, exige que se condene a BAML a las costas del proceso.
El 11 de febrero de 2015 tuvo lugar la vista previa y se fijó juicio para el 17 de junio. Sin embargo, tres meses antes, TP Ferro solicitó el preconcurso de acreedores al no alcanzar un acuerdo con los bancos y los fondos de inversión para refinanciar su deuda, que alcanzaba los 420 millones (391 millones al cierre de 2014).
Sin avances
En julio, TP Ferro declaró el concurso de acreedores, cuatro meses después de entrar en preconcurso, como marca la ley. Entre medias, el juez decidió "suspender" el juicio a la espera de que se resolviera la situación, extremo que, obviamente, no ocurrió. La suspensión de pagos se oficializó al inicio de septiembre y el proceso judicial ha quedado aparcado, por tanto, "sine die". No hay un plazo establecido, pero como norma la resolución de los concursos suele prolongarse de uno a dos años.
Entretanto, los gobiernos de España y Francia, ACS y Eifagge y los acreedores mantienen abiertas las negociaciones, aunque según distintas fuentes, "apenas avanzan". Con anterioridad a la solicitud del concurso, TP Ferro depositó cuatro millones de euros con los que, según fuentes gubernamentales, la línea tiene garantizada la operativa hasta marzo de 2016.
Los tráficos en la línea son muy inferiores a los previstos y el corredor entró en funcionamiento después de lo debido, motivos por los que las dos constructoras han abierto procesos arbitrales en tribunales internacionales contra las autoridades españolas y galas. El primero ya lo han perdido y el segundo están a la espera de conocer la sentencia, que según sus estimaciones llegará después del próximo verano. Todo esto ha convertido en insalvable -al menos hasta la fecha- la deuda que acumula TP Ferro, que superaría ya ampliamente los 400 millones.
