Último episodio del conflicto que implica a OHL, la empresa mexicana Infraiber y las autoridades políticas de México. La Procuraduría General de la República (PGR) ha hallado "diversos artefactos electrónicos, de telefonía y de cómputo, que al parecer constituyen objetos en la comisión del delito de intervención de comunicaciones privadas previsto en el artículo 117 del Código Penal Federal", en la sede de Infraiber, compañía a la que OHL ha denunciado por estar detrás de las grabaciones de conversaciones telefónicas entre directivos del grupo y cargo políticos del país, que se han difundido progresivamente en Youtube desde el pasado mes de mayo.
De acuerdo con un comunicado de la PGR, peritos de este organismo y miembros de la Agencia de Investigación Criminial (AIC) registraron el pasado 11 de septiembre un apartamento ubicado en el noveno piso de la calle de Campos Elíseos, en Colonial Polanco, en México DF. Hasta esta semana, sin embargo, no ha publicado la nota, que ha visto la luz días después de distribuir unas fotografías de las oficinas y de los artilugios encontrados en el inmueble, donde tiene sus oficinas Infraiber.
La empresa ya ha rechazado poseer instrumentos para intervenir llamadas telefónicas ilegamente. En un comunicado, el abogado de la empresa, Paulo Díez, ha asegurado que "si esos objetos que se ven en las fotografías, ilegalmente distribuidas por la PGR antes de la publicación de su comunicado, constituyen un centro de espionaje, entonces todas las oficinas de este país y buena parte de los hogares, son centros de espionaje".
En el comunicado, la PGR detalla que en el apartamento se confiscaron un dispositivo electrónico con audífonos y puntas de conexión, 21 discos flexibles, 442 discos compactos de diferentes marcas y capacidades, dos discos duros internos, 10 equipos de cómputo portátiles, cuatro computadoras de escritorio, dos grabadoras de audio y vídeo, así como cinco teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos. También fueron encontrados siete equipos de radio comunicación, tres CPU, cinco discos duros, tres equipos de cómputo, siete tablets, un adaptador de memoria micro SD, dos cámaras digitales, 43 memorias USB y un dispositivo móvil de alta tecnología.
El registró atendió a "la probable responsabilidad en la comisión del delito sancionado" por el Código Penal que señala que "a quien intervenga comunicaciones privadas sin mandato de autoridad judicial competente, se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa".
El abogado de Infraiber fue detenido hace dos semanas para declarar por las grabaciones citadas, en las que directivos de OHL admiten supuestas irregularidades para inflar contratos en el país. La compañía ha sostenido siempre que dichas audiciones están "manipuladas". En la misma detención, Díez fue acusado de posesión ilegal de armas. Posteriormente, un vídeo descubría cómo en el momento de la detención presuntamente un hombre introducía el arma en el vehículo en presencia de los agentes.
Infraiber cuestiona ahora que todo el material incautado estuviera en sus oficinas y que no fue colocado por los funcionarios de la PGR, que en algunos casos fueron los mismos que le detuvieron.