El mecanismo único de resolución de disputas financieras que proyecta el Gobierno se ha tropezado con un detractor en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). El organismo cuestiona que haya que crear un sistema así por ley, para resolver exclusivamente desavenencias de consumo en materia financiera e impidiendo que puedan mediar o resolver en arbitraje este tipo de conflictos otros esquemas privados.
"La limitación a la iniciativa privada podría ser igualmente desproporcionada por lo que se aconsejaría su replanteamiento", infiere la institución en su informe sobre el Anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo.
El Anteproyecto, elaborado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, traspone una directiva de mayo de 2013 que persigue reforzar la protección del ciudadano con una mejora y homologación en la operativa y registro de los sistemas de mediación y arbitraje de consumo en Europa.
Trasposición de una directiva
Pero el legislador aprovecha el texto, cuya incorporación al ordenamiento nacional debía haberse hecho antes de julio, para incluir en una disposición adicional un mandato para crear el citado esquema especial. Ordena al Ejecutivo montar un esquema único de resolución extrajudicial en enfrentamientos sobre hipotecas, tarjetas, cuentas, inversiones en bolsa o vehículos como los fondos de inversión o planes de pensiones, y cualesquiera otra queja de cariz financiero.
La solución acumularía una tarea hoy repartida entre tres supervisores: el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones. Para su constitución, se ha mirado como referencia el sistema británico, creado en 2001, que opera con plena independencia aún cuando se encuentra íntimamente vinculado al supervisor.
Su tarea, gratuita para el cliente y sufragado por la banca, es mediar en conflictos, con la posibilidad de emitir dictámenes vinculantes y, en todo caso, sentar directrices sobre buenas prácticas. El de Reino Unido se perfila como espejo por su fuerte grado de desarrollo -media más de 2,3 millones de quejas y tramita 510.000 expedientes al año-, pero hay esquemas parecidos en EEUU, Australia o Canadá.
Para la CNMC "no queda suficientemente justificada esta regulación diferenciada para el sector financiero puesto que, al menos a priori, nada exige que el organismo sea único ni que deba ser creado por una ley" en alusión a las obligaciones impuestas por la directiva. Su incorporación, de hecho, se realiza al Anteproyecto de Ley en una disposición adicional.
El Banco de España ha apoyado a su vez la existencia de un sistema centralizado y vinculante de resolución de quejas, que cuente con la participación del propio sector.
