Detrás de las numerosas operaciones de compraventa en el sector de las energías renovables está la creencia de que la retribución a la generación limpia ya no se va a reducir más. Y eso, a pesar de que la regulación, establecida por el Real Decreto 413/2014, otorga al Gobierno una discrecionalidad total a la hora de decidir lo que cobran las instalaciones.
A priori, la normativa garantiza una "rentabilidad razonable" que toma como referencia el rendimiento medio del mercado secundario de las Obligaciones del Estado a diez años, más un diferencial. En el caso de las instalaciones existentes, que son las que ahora cambian de manos, se toman como referencia los diez años anteriores al 14 de julio de 2013 más 300 puntos básicos, lo que da como resultado un 7,398 por ciento anual.
A ese porcentaje se le deben aplicar los impuestos, lo que reduce la rentabilidad hasta el entorno del 5 por ciento anual. No son las rentabilidades de dos dígitos que disfrutaban estas tecnologías antes de los recortes, pero no cabe duda de que el rendimiento resultante aún es muy atractivo por el bajo nivel actual de los tipos de interés y las perspectivas de su evolución.
Elevada discrecionalidad
Ahora bien, sobre ese esquema básico, el Gobierno dispone de una enorme discrecionalidad para modificar la rentabilidad prevista para las instalaciones.
Cada año, el Ministerio de Industria puede cambiar la retribución a la operación -un componente de los ingresos totales- para tecnologías cuyos costes de explotación dependan esencialmente del precio del combustible, como sucede con la biomasa o con la cogeneración, también regulada por el citado decreto.
Cada tres años, puede revisar las estimaciones de ingresos por la venta de la energía en el mercado eléctrico, lo que afecta al monto de la retribución total durante los tres años siguientes. Las empresas eólicas han denunciado que el error en la primera estimación realizada les ha provocado ingresar 200 millones de euros menos de lo previsto durante el año pasado.
Y finalmente, cada seis años puede modificar todos los valores de los parámetros retributivos y sus definiciones -excepto la vida útil regulatoria y el valor estándar de la inversión inicial-, así como el valor sobre el que girará la "rentabilidad razonable". Es decir, todo, menos el plazo de percepción de la retribución regulada, adicional al precio del mercado eléctrico.
El próximo mes de diciembre se efectuará la primera revisión trienal y en diciembre de 2019 la primera sexenal.
Confianza del mercado
José Manuel Soria, ministro del ramo, defiende que la reforma eléctrica ha devuelto la confianza al mercado. Y que prueba de ello es el interés que tienen los fondos de inversión internacionales en adquirir plantas renovables en España. Según sus cálculos, durante el primer semestre las inversiones extranjeras en activos renovables hispanos ascendieron a cerca de 1.000 millones de euros.
Sin embargo, como denuncian las empresas del sector, la nueva normativa no aporta ni estabilidad ni previsibilidad a los ingresos, que es precisamente lo que buscan fondos como KKR, uno de los protagonistas del momento.
A pesar de ello, el mercado entiende que la retribución no se va a reducir más, tanto por el hecho de que ya ha bajado mucho -"no puede bajar más", se oye en los mentideros- como porque el déficit de tarifa ha pasado a la historia y las cuentas del sistema eléctrico están equilibradas: por primera vez desde el cambio de milenio, el año pasado hubo un superávit de 200 millones de euros.
Compras oportunistas
Nadie quiere vender un activo rentable, y si lo hace, es por necesidad. En el caso de las renovables, la reducción de la retribución ha provocado que muchos de los propietarios de las instalaciones tengan enormes dificultades para devolver los préstamos que permitieron su construcción e, incluso, para sobrevivir: según los datos de Axesor, el número de quiebras en el sector se ha incrementado un 140 por ciento durante 2014, al elevarse el número de empresas que cayeron a 72, frente a 29 durante el ejercicio anterior.
Aunque los bancos no están siendo especialmente duros a la hora de aceptar la refinanciación de los créditos, e incluso alguno se está planteando aplicar quitas, el exceso de endeudamiento y la necesidad de liquidez está obligando a muchos a vender sus activos, aplicando la máxima más vale perder que más perder.
En este contexto, quien tiene dinero, como los fondos de inversión, gana: mirando a largo plazo, el comprador obtiene un activo valioso y, además, cree que sólo puede mejorar.
El fallo de los arbitrajes, próximo punto de inflexión
Quince demandas hay presentadas contra España en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial, y en otras cortes internacionales hay otro puñado de reclamaciones. Las han planteado inversores extranjeros que se consideran estafados por la reforma eléctrica del Gobierno y que buscan compensación. También hay unas 300 reclamaciones presentadas ante el Tribunal Supremo por empresas y entidades nacionales.
La última fase de la reforma, iniciada hace dos años, ha supuesto un recorte retributivo superior a los 2.000 millones de euros anuales para las energías renovables y la cogeneración. Si a esa bajada de ingresos se le añaden las sucesivas mermas efectuadas desde diciembre de 2010, la reducción resultante asciende a unos 3.000 millones de euros anuales, aproximadamente un tercio de lo que dichas tecnologías deberían haber cobrado según lo establecido en el BOE.
Se prevé que los arbitrajes por las primeras denuncias internacionales, presentadas tras el recorte de 2010, sean los primeros juicios en celebrarse. Su resultado dará una nueva señal al mercado.
