El presidente y principal accionista de Zinkia, José María Castillejo, se enfrenta a una investigación por cinco presuntos delitos societarios. El juzgado de instrucción número 54 de Madrid ha admitido a trámite una querella presentada contra él por Miguel Valladares, el segundo accionista de la empresa, que le acusa de administración desleal, apropiación indebida, falseamiento de información económica y financiera de difusión obligatoria, falsedad documental y estafa.
De acuerdo con el auto dictado por el juez, al que ha tenido acceso elEconomista.es, Castillejo, que preside este lunes la junta de accionistas de la productora de Pocoyó, está citado a declarar en calidad de imputado el próximo 15 de noviembre.
En la querella se denuncian una serie de hechos con los que Castillejo habría intentado "conservar a toda costa el control de Zinkia Enterainment (...) en su propio beneficio, perjudicando los intereses de los accionistas y de los acreedores" de la sociedad.
Así, según ha denunciado Valladares, el presidente de la productora habría emitido a través de la sociedad Armialda, de la que es administrador único, facturas presuntamente falsas a Zinkia que no responden a servicio real alguno y que tan sólo en el ejercicio 2013 se habrían elevado a 312.500 euros.
Asimismo, habría fijado cláusulas de blindaje "exorbitantes" en favor de miembros de la alta dirección, con la presunta intención de beneficiarse a sí mismo o a terceros. Todo ello, además de "falsear la realidad y previsiones económicas de la compañía", según Valladares, "para captar inversores minoristas en el mercado de valores en la emisión de bonos de Zinkia, aprobada por la CNMV el 7 de octubre de 2013, y para convencer a los bonitas de la emisión de 2010 de modificar sus condiciones, aplazando el cobro de sus importes finales a abril de 2015". Fue la imposibilidad de sacar adelante la segunda emisión, a la que renunció el 31 de octubre de 2013 por la falta de suscripción, lo que llevó a Zinkia a solicitar ese mismo día el preconcurso de acreedores.
Este lunes, pendientes de la junta de accionistas
Castillejo quiere sacar este lunes además adelante un plan de retribución variable para el consejo de administración de 600.000 euros, además del reparto de 1,2 millones de acciones entre directivos y consejeros, el equivalente al 5% de la compañía.
El máximo órgano ejecutivo está formado actualmente por tres personas -Castillejo, una representante de su sociedad patrimonial Jomaca 98 (María Jesús Alonso) y Juan Carlos Solá-, aunque el presidente ha propuesto el nombramiento de un cuarto miembro como independiente, Luis Urquijo. El plan de retribución mediante el reparto de acciones tendrá una duración de cinco años, iniciándose a su aprobación y permaneciendo vigente hasta el 29 de junio de 2020, siempre que la junta de accionistas así lo apruebe.
