Los fondos no están dispuestos a permitir que ACS y Eiffage esquiven sin poner un euro el agujero que arrastran en TP Ferro, la sociedad que gestiona los trenes de alta velocidad (AVE) que unen España y Francia entre las estaciones de Figueras y Perpignan. Su postura es inflexible: o inyectan capital para aligerar los 428 millones de deuda acumulados, o condenarán a la infraestructura al concurso de acreedores. La empresa se agarra a un rescate del Gobierno.
Como avanzó este diario, un grupo de fondos internacionales adquirió más de la mitad de la deuda a algunas de las entidades que participaron originalmente en el crédito sindicado para financiar el proyecto. Lo hicieron hace un año y medio y, ahora, con el vencimiento de dicho préstamo a la vuelta de la esquina -el próximo 31 de marzo-, se han revelado como el principal escollo al que se enfrentan Florentino Pérez, presidente de ACS, y su homólogo en la francesa Eiffage, Pierre Berger, para llegar a un acuerdo de refinanciación. Con menos de dos semanas por delante para negociar, las posiciones siguen muy alejadas.
Los hedge funds, que ostentan en torno al 52% de la deuda y entre los que según fuentes del sector figuran los americanos Avenue Capital Group y BlueMountain Capital Management, en consonancia con prácticamente todos los bancos enganchados, que incluyen a ING Direct (el más enredado con cerca de 45 millones), BBVA, Bankia, Caixabank o Novo Banco, remitieron a TP Ferro una propuesta en enero pasado. Ofrecían alargar sustancialmente el plazo de vencimiento de la deuda, pero a cambio exigían a ACS y Eiffage inyectar 120 millones de euros.
TP Ferro, con serios problemas de liquidez, la rechazó, aunque en estas últimas semanas ha aportado 10 millones de euros, señalan fuentes del mercado. Le restarían, por tanto, 110 millones para satisfacer las demandas de los acreedores.
Los planes de Florentino Pérez discurren, sin embargo, por un camino bien distinto. Su objetivo es endosar prácticamente esos 110 millones al Gobierno. ACS y Eiffage han pedido al Ministerio de Fomento que inyecte 100 millones de euros y a los acreedores que alarguen la deuda hasta 2034, según publicó El Confidencial. En una intentona anterior, las empresas llegaron a pedir que se prolongara durante 40 años, es decir, hasta 2055. Este diario ha tratado de contactar en reiteradas ocasiones con ACS sin obtener una respuesta.
La responsabilidad pública
De esta forma, el también presidente del Real Madrid quiere que Moncloa vuelva a salir al rescate de una de "sus" infraestructuras, como ya ocurrió con el almacén de gas Castor. Su intención se sustenta en que la concesión del Ave que une España y Francia está sujeto al sistema de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) , lo que implica que en el caso de impago el Estado tendrá que hacerse cargo de la operativa y de toda la deuda. Lo compartiría, eso sí, con el Ejecutivo francés.
Los fondos y los bancos acreedores, sin embargo, ya han rechazado frontalmente la última propuesta de TP Ferro. Consideran que si Fomento accede a poner dinero, la empresa debe entregar la infraestructura al departamento que dirige Ana Pastor, que se haría cargo igualmente de la deuda. "Si paga el Gobierno, que se lo quede el Gobierno", afirman fuentes próximas a los fondos internacionales implicados. En este supuesto, los acreedores proyectan "soluciones constructivas", que pasarían por recibir garantías suficientes de cobro por parte de la Administración y no supondrían una aportación inmediata de capital público.
El 31 de marzo es la fecha límite oficial, aunque en el sector no descartan que los acreedores concedan finalmente una prórroga para seguir negociando. Si no hay acuerdo y tampoco se prolonga el plazo, TP Ferro suspenderá pagos en dos semanas y, como sucediera con las autopistas de peaje, los administradores concursales tomarán el mando de la concesión.
Los motivos que esgrime TP Ferro para no hacer frente a la deuda son tres: los sobrecostes del proceso, el retraso en supuesta en marcha y el tráfico real del corredor, muy inferior al estimado cuando se culminó la concesión hace más de 12 años. Sobre el primer punto, un tribunal de arbitraje internacional recientemente ha negado a la empresa los 350 millones de euros que reclamaba. Aguarda el dictament de otro tribunal respecto a los 93 millones que pide porque las cifras de tráfico están muy alejadas de las proyecciones iniciales.
