Iberdrola denuncia a Francia ante la Comisión Europea por blindar EDF

La eléctrica ha declarado la guerra al Gobierno francés en Bruselas. La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán ha elevado el disparo de su artillería jurídica para defenderse de una operación hostil. Para ello, ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea contra Francia, al considerar que vulnera la normativa europea por su participación en Electricité de France.

La eléctrica española cree que la legislación gala establece una acción de oro estatal por su control de EDF (EDF.PA), blindando de forma ilegal la compañía ante el interés de otros grupos de entrar en su capital.

La normativa, según los abogados consultados por la eléctrica, contraviene dos pilares básicos del Mercado Único: la libre circulación del capitales y el derecho de establecimiento. Ambos derechos se encuentran recogidos en el Tratado de la Unión Europea en sus artículos 56 y 43.

Según indicaron fuentes de la eléctrica, el efecto que se deriva de esta acción de oro a la francesa es la disuasión de potenciales inversores de cualquier estado miembro de la Unión Europea. Los inversores carecen de la posibilidad de participar y beneficiarse en operaciones de cambio de control o de adquisición de participaciones significativas.

Los motivos de la denuncia

Además, Iberdrola (IBE.MC) recuerda que, con independencia de los títulos que posea en la compañía, el Estado mantiene una posición importante en la gestión y administración de la sociedad. Así de un total de 18 miembros del consejo, el Gobierno nombra directamente por decreto a seis consejeros, al presidente y al consejero delegado, disponiendo además de la posibilidad de designar entre uno y cinco apoderados. Al mismo tiempo pueda tambiÉn nombrar otros seis consejeros a través de la Junta general, que también está controlada por el Estado.

En estos momentos, el Gobierno galo controla el 84,9 por ciento del capital de EDF, del que un 70 por ciento está excluido del mercado de valores francés.

Tal y como explicaron a este diario, la denuncia ante la Comisión se fundamenta en que cualquier persona física o jurídica, sin acreditar ningún interés directo o específico, puede realizar una denuncia ante la existencia de normas o medidas estatales que infrijan el derecho comunitario.

Iberdrola prevé además basar su denuncia en la reciente jurisprudencia comunitaria, que se ha pronunciado respecto a supuestos similares. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas siguió la misma doctrina que había aplicado en el caso de Edison para prohibir en España la llamada Ley Rato o ley anti EDF, que dejaba en manos del Gobierno español la posibilidad de limitar la entrada de empresas de capital público en el sector eléctrico español.

La Comisión Europea será ahora la que tendrá que decidir si abre o no expediente contra Francia o si archiva la denuncia.