Barcelona, 16 oct (EFECOM).- El juez de instrucción ha acordado mantener abierta la causa contra tres ex presidentes de Ferrocarriles de la Generalitat (FGC) de la época de CiU por la contratación presuntamente irregular de un plan de pensiones del que una quincena de directivos llegaron a cobrar 2,5 millones de euros.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, el juzgado de instrucción número 22 de Barcelona mantiene la acusación contra Albert Vilalta, Enric Roig y Antoni Herce, que presidieron FGC entre 1991 y 2000, y contra Josep Verdaguer, que fue letrado asesor de la entidad, mientras que archiva la causa respecto a los otros doce imputados, ex directivos de la empresa pública.
Las presuntas irregularidades en el cobro de planes de pensiones con cargo a los fondos de Ferrocarriles han sido investigadas a raíz de la querella que presentó la Fiscalía contra 16 ex directivos de la empresa, a los que acusaba de los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental y prevaricación.
El auto, que publica hoy el periódico "El País", acuerda seguir el procedimiento contra los cuatro imputados y da traslado a la Fiscalía y al resto de partes personadas en la causa para que, si lo consideran oportuno, formulen acusación.
De los planes de pensiones investigados, que posteriormente se denominaron "premio a la dedicación y permanencia", se benefició un importante grupo de directivos de Ferrocarriles y ello implicó un gasto de 2,5 millones de euros para la empresa, que, recuerda el juez, es "deficitaria y recibe fondos públicos".
La defensa alegó que los planes de pensiones -previstos en la partida de gastos sociales- eran un incentivo con el que la empresa pretendía consolidar a su equipo directivo, pero el juez considera que el comportamiento de los tres presidentes que los aprobaron "pudo no haberse orientado en beneficio del interés social del servicio público".
No obstante, archiva el caso respecto a los directivos que se beneficiaron de los planes porque "no consta ningún diseño conjunto, simplemente aceptaron lo que se les ofrecía" y desconocían si ello "era en interés de la entidad", de lo que, según el juez, no se desprende ninguna ilicitud.
El plan de pensiones fue suscrito por Ferrocarriles con la aseguradora Winthertur en el año 1991 y se prolongó hasta el 2000, en que fue disuelto.
La investigación de la fiscalía por esta supuesta malversación se inició en 2003, cuando se produjo el cambio del gobierno autonómico y el tripartito denunció las supuestas irregularidades detectadas por la Sindicatura de Cuentas ante el Tribunal de Cuentas, que comunicó los hechos al TSJC y el diputado de ICV, Joan Boada, aportó la documentación del caso. EFECOM
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