MAPA espera Generalitat colabore en Ley Desarrollo Rural pese discrepancias

Valencia, 14 may (EFECOM).- La Ley de Desarrollo Rural, que podría aprobarse a finales de octubre, afectará al 90 por ciento del territorio y al 10 por ciento de la población de la Comunitat Valenciana, aunque su desarrollo dependerá de la colaboración con la Generalitat, con la que hasta ahora ha habido "discrepancias en temas económicos".

Así lo manifestó hoy el director general de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Francisco Amarillo, tras la reunión que mantuvo con el presidente de la Federación de Cooperativas de la Comunitat (Fecoav), José Vicente Torrent, para presentar este proyecto de Ley, que se encuentra en tramitación en el Congreso.

El director general del Ministerio explicó que el Marco Nacional de Desarrollo Rural, que tendrá cabida dentro de la nueva Ley, contempla para el periodo 2007-2013 la aportación de 161 millones de euros de la Unión Europea (UE), 200 millones del Estado para la Comunitat y 80 millones de la Generalitat para esta autonomía.

Con estos datos, Amarillo concluyó que "esa desproporción no parece apuntar que la Generalitat apueste en estos momentos por el desarrollo rural".

El representante del Ministerio de Agricultura y Pesca (MAPA) incidió en que la efectividad de la Ley está supeditada a la coordinación con las autonomías y expresó su deseo de que la Generalitat "haya aprendido la lección" tras la "famosa queja pública en Bruselas", que "dio la razón" al Gobierno central.

Amarillo se refirió así al viaje del conseller de Agricultura, Juan Cotino, que el pasado 27 de febrero denunció ante la Comisión Europea que el Gobierno español había repartido los fondos europeos de desarrollo rural en función de "ideologías políticas", una queja sobre la que la institución comunitaria no se pronunció al entender que era competencia de los gobiernos autonómicos.

Según explicó Amarillo, la nueva Ley pretende, por un lado, resolver los problemas de los ciudadanos y de los territorios y, por otro, establecer una "coordinación máxima" entre las distintas administraciones para implantar políticas horizontales en materia de economía, sanidad, educación y comunicaciones, entre otras.

Por ello, la búsqueda de "concertación" será uno de los pilares de esta Ley, que ha nacido con una "vocación de entendimiento" y pretende ser sostenible a nivel económico, medioambiental y social, apuntó el alto cargo del ministerio.

El Gobierno español y los doce ministerios implicados en el desarrollo rural constituirán uno de los tres órganos, estipulados en la Ley, encargados de fomentar esta coordinación.

Además, un Consejo de Desarrollo Rural agrupará al Gobierno estatal, a las comunidades autónomas y a los municipios, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ya que juegan "un papel fundamental en el desarrollo rural", manifestó Amarillo.

Otro órgano, la Mesa de Desarrollo Rural, aglutinará a los agentes sociales, entre los que se encuentran cooperativas, organizaciones profesionales agrarias, federaciones de mujeres y ecologistas, que ya han mantenido diversas reuniones con el Ministerio.

Para fomentar esa coordinación, la Ley será "respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas", a las que el Gobierno central "no puede obligar a desarrollar los mismos órganos de cooperación, aunque sería muy conveniente que lo hicieran", según Amarillo.

A nivel social, esta ley marco está concebida para mantener las poblaciones rurales en su medio y mejorar su nivel de vida, pero también para propiciar cambios estructurales futuros que pueden impulsar los jóvenes y las mujeres que han de incorporarse" al mundo de la decisión y a las actividades remuneradas". EFECOM

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