Bruselas, 10 may (EFECOM).- El Parlamento Europeo (PE) aprobó hoy en segunda lectura un proyecto de reglamento que establece normas a escala europea para la concesión y subcontratación de servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera.
El proyecto pasa ahora al Consejo de la UE -Estados miembros-, que, en caso de aceptar los términos acordados por la Eurocámara, dará por definitivamente aprobada la norma.
En caso contrario, será preciso un proceso de conciliación entre ambas instituciones.
El proyecto de reglamento pretende reemplazar las normas nacionales sobre competencia en el sector público del transporte con una legislación que se aplicará en toda la UE.
Los diputados fijaron hoy la duración de los contratos de concesión en 10 años, para los servicios de transporte por carretera, y a 15 años, para los de ferrocarril, frente al máximo de cinco años de la propuesta original de la Comisión Europea.
En cuanto al método de concesión por parte de las autoridades, el texto aprobado por el Parlamento prevé tres alternativas.
La primera es la adjudicación directa a un "operador interno", entendido como una "entidad jurídicamente independiente sobre la que la autoridad competente ejerce un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios".
La segunda opción pasa por realizar una oferta pública para encontrar al operador más indicado.
La tercera permite la adjudicación directa a cualquier operador, siempre que el valor anual medio del contrato se estime en menos de un millón de euros o tenga por objeto la prestación anual de menos de 300.000 kilómetros de transporte público de viajeros.
En el caso de que los operadores sean pymes, las condiciones de esta tercera opción serían más flexibles.
Por otro lado, con el fin de asegurar la transparencia y la libre competencia entre los operadores, "las autoridades competentes podrán imponer normas de calidad específicas en materia social y de servicios".
Las modificaciones legales a que obligue la norma no serán inmediatas, pues el Parlamento y los representantes del Consejo han acordado ya prever un plazo de 10 años de adaptación progresiva a la norma a partir de su entrada en vigor. EFECOM
adp/jla
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