Madrid, 8 may (EFECOM).- Los principales actores del sector inmobiliario consideran que la futura Ley del Suelo no resolverá la crisis que atraviesa el mercado, según los datos de un estudio presentado hoy en Madrid y elaborado por el Instituto Empresa (IE) y la consultora Gavin Anderson.
El informe "Política y Urbanismo: Transparencia y Legislación del sector inmobiliario" recoge que esta afirmación es apoyada por el 92 por ciento de los encuestados, entre los que se encuentran abogados, promotoras, medios de comunicación, empresas del Ibex-35 y compañías cotizadas en el mercado continuo.
Los datos del estudio señalan que los agentes del sector también se muestran críticos con el Ministerio de la Vivienda, ya que el 87 por ciento de los encuestados señaló que su creación no ha mejorado la gestión del mercado.
Tal y como resaltaron los profesores del IE Manuel Romera y Miguel Hernández, la valoración de la actuación de este ministerio en cuanto a la gestión y control del mercado es bastante baja, ya que el 83,2 por ciento de los implicados en el sector califica su actuación como mala o muy mala.
En general, todas las administraciones públicas -Gobierno, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos- recibieron una calificación negativa en el informe en cuanto a gestión y control del mercado inmobiliario.
El estudio detalla que el colectivo de los abogados, el más próximo a la problemática del sector, ejerció una crítica más negativa a la labor de los Ayuntamientos, mientras que las Comunidades Autónomas, que no llegan a tener una implicación directa en el urbanismo, son las que recibieron una valoración más equilibrada.
En este sentido, los profesores del IE explicaron que las Comunidades Autónomas deberían asumir todas las competencias asignadas en la Constitución y que la ordenación territorial a nivel autonómico a través de planes regionales debe ser la referencia del nuevo marco legislativo que se creará con la Ley del Suelo.
Apuntaron que el Gobierno debería legislar en materia de transparencia inmobiliaria, al igual que otros países como el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia, que aprobaron recientemente los Real Estate Investment Trust (REIT, en sus siglas en inglés), regímenes especiales para sociedades inmobiliarias que cotizan.
Añadieron que las empresas pseudocotizadas -aquellas que cuentan con poco porcentaje de su capital cotizando- deberían tener mayor transparencia para evitar situaciones como la ocurrida recientemente cuando varias inmobiliarias cayeron en la Bolsa arrastradas por Astroc.
Otra recomendación que ofrecieron Romera y Hernández es que los políticos tendrían que transmitir más adecuadamente su compromiso y voluntad de acabar con la corrupción.
En términos generales, el 75 por ciento de los encuestados tiene la percepción de que el sector inmobiliario es uno de los más corruptos de la economía española, aunque -en el mismo porcentaje- no creen que esta corrupción pueda generar un bloqueo o colapso en el sector en los próximos años.
En este sentido, los profesores del IE señalaron que esta afirmación se fundamenta en la creencia de que la propia inercia del mercado superará la problemática jurídica.
Asimismo, coincidieron en la manifestación de que no perciben voluntad política para solucionar este problema.
Por otro lado, el estudio señala que una amplia mayoría de los encuestados (un 80 por ciento) asegura que la nueva Directiva contra el Blanqueo de Capitales no será la solución efectiva a la corrupción urbanística, opinión apoyada sobre todo por los promotores.
Los implicados en el sector tampoco creen que el motivo por el que la Ley de Capital Riesgo no permite invertir en bienes inmuebles es la excesiva liquidez del mercado, si bien, el sector del Ibex 35 y el de los abogados -los más cercanos a los mercados financieros- tuvieron una mayor diferencia de opiniones. EFECOM
mvm/jla
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