La Paz, 29 abr (EFECOM).- Nuevos obstáculos impiden poner en vigor los 44 contratos firmados con 12 petroleras hace seis meses, pese al deseo del presidente Evo Morales de tenerlos listos el martes próximo, cuando celebrará con un acto de masas el primer aniversario de la nacionalización, informaron hoy fuentes oficiales.
El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Guillermo Aruquipa, confirmó los problemas y declaró que confía en que no tenga causas políticas el nuevo retraso para protocolizar los contratos en una notaria de la Prefectura (gobernación) de La Paz, controlada por la oposición.
La notaria encargada del caso, Ruth Villarroel, declaró hoy Efe, a su vez, que necesita incluir el dato del arancel en los protocolos, que han sido elaborados en tiempo récord, pero que no pueden ser impresos hasta que las empresas hagan el depósito reclamado por la Prefectura.
"Si quieren que las empresas no paguen, que hagan una norma para fijar una arancel cero, pero yo necesito cumplir con los exigencias de la Contraloría", dijo Villarroel.
El incidente amenaza aguar la fiesta popular con la que Morales pretendía celebrar el martes próximo en la plaza principal de La Paz el primer año de la nacionalización, el mayor éxito político de su primer año de gobierno, aunque sus críticos dicen que ha quedado en una simple reforma tributaria petrolera.
Aruquipa, en declaraciones a Radio Erbol, lamentó que la Prefectura quiera cobrar a las petroleras con base en sus inversiones acumuladas de los últimos años, lo cual, a su juicio, no responde a la legislación vigente.
"Creo que es un error de apreciación, o desconocimiento de la norma, y no creo que sea una decisión política. Si fuera así, sería grave para el país", dijo Aruquipa.
Según el gobierno del presidente Morales, la Prefectura quiere cobrar a las empresas el equivalente a 375.000 dólares por los 44 convenios, pese que en enero pasado, cuando se produjo un primer intento de protocolizar los documentos, pagaron en promedio 37 dólares por cada uno.
Los contratos han tardado más de seis meses en entrar en vigor, primero por errores e irregularidades de subalternos de Morales en su negociación y en la tramitación parlamentaria, que tuvo que repetirse, y luego por disputas del oficialismo y la oposición en el Congreso.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Hector Arce, dijo el sábado que no corresponde pagar los aranceles que pide la notaría paceña porque son contratos administrativos y no comerciales, y amenazó con llevarlos a Sucre, capital oficial de Bolivia, cuya Prefectura está en manos del oficialismo.
Aruquipa explicó hoy que "fue grande la sorpresa" que se llevó YPFB cuando la Prefectura calculó el arancel notarial con un porcentaje sobre las inversiones acumuladas durante varios años por las compañías.
"Estamos un poco preocupados, porque creíamos que ya mañana íbamos a firmar los respectivos protocolos, y a partir del 1 de mayo YPFB debería tener el control total de la producción, comercialización, prácticamente en toda la cadena, y ahora estamos contrariados con esta situación que no esperábamos", dijo el ejecutivo.
Por su parte, el secretario general de la Prefectura, Alejandro Zapata, advirtió hoy que si las petroleras no pagan el arancel legal, luego sus convenios pueden ser demandados por esa "irregularidad".
"No lo hacemos por dinero, sino porque se debe cumplir la norma", dijo Zapata, y aseguró que no se pueden excluir de esas reglas a las empresas petroleras.
Sin embargo, no aclaró la gran diferencia de los cobros de ahora con los de enero pasado. EFECOM
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