Madrid, 28 mar (EFECOM).- El PP votará mañana en contra de todas las enmiendas del Senado, salvo tres, al Proyecto de Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, por considerar que es "incapaz" de establecer bases comunes para los trabajadores en el ámbito de todas las administraciones públicas.
El portavoz de Administraciones Públicas del PP en el Congreso, Julio Padilla, explicó que una de las principales razones por las que su grupo se opone al texto es que no establece pautas comunes para los funcionarios en las tres administraciones.
Por el contrario, según un comunicado, el grupo parlamentario popular sí votará a favor de las enmiendas que se refieren al permiso de paternidad, a la jornada parcial y a la continuidad de la vigencia de las convocatorias relativas a la provisión de plazas de secretarios e interventores de la administración local.
Padilla apuntó que la disposición final de la norma es de aplicación a todas las comunidades autónomas y que respetará las posiciones singulares en materia de sistema institucional y competencias exclusivas y compartidas en la de función pública y auto organización.
El diputado precisó que las comunidades autónomas pueden dictar sus propias leyes de función pública, pero aseguró que "eso no tendrá nada que ver con las bases".
Además, Padilla aseguró que con la futura ley no se respeta la autonomía de las corporaciones locales en el ámbito de la función pública local, porque el carácter organizativo de los funcionarios estatales que prestan servicio en cuerpos locales (secretarios, interventores y depositarios) quedará en manos de las comunidades.
El diputado recordó que, hasta ahora, la previsión de plazas de estos trabajadores la hacían las corporaciones locales y era el Estado quien convocaba las oposiciones, algo que con la nueva ley pasan a hacer las comunidades, lo que, según Padilla, "desdibuja" la presencia del Estado, el cual "lo único que hace" es incorporar a estos funcionarios a un registro de habilitación estatal.
Esta situación, según Padilla, provocará también una crisis mayor de la movilidad entre las distintas administraciones, ya que, en opinión de su partido, no la garantiza.
Otra de las discrepancias de los populares radica en que aseguran que la norma no regula las titulaciones que determinarán la clasificación del personal funcionario de carrera, algo que el PP achaca a que el Gobierno no ha sabido ordenar las titulaciones académicas como lo determina la legislación comunitaria.
El diputado además aseguró que, en relación esta futura ley, su grupo no recibió "ni una sola llamada del PSOE", al que acusó de promover una ley "no tanto para satisfacer el guión de una normativa común de los funcionarios, sino, curiosamente, para hacer trazas de reparto de competencias en esta materia". EFECOM
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