T.Cuentas cree condiciones venta S.Bárbara no se ajustaron a permiso Gobierno

Madrid, 19 mar (EFECOM).- El Tribunal de Cuentas considera que las condiciones finales en las que se produjo, en el año 2001, la venta de la empresa de armamento Santa Bárbara al grupo estadounidense General Dynamics no se ajustaron a la autorización concedida en su día por el Consejo de Ministros.

Según el informe de fiscalización del proceso de privatización de Santa Bárbara, al que tuvo acceso EFE, el cambio en las condiciones ha aumentado el coste de la operación para la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en, al menos, 199,15 millones de euros.

Entre las condiciones no contempladas en la autorización del Gobierno destacan compromisos de compra de munición por 180,3 millones y la aportación de 11,18 millones para la protección de la tecnología del Programa Leopard (carro de combate).

Además, se han aportado 25,69 millones para inversiones cuando la cantidad autorizada era de 18 millones.

Tampoco estaba contemplada en la autorización del Consejo de Ministros la venta de las participaciones en dos sociedades, FACOR y FEBESA, que no se ha incluido en la cifra adicional de costes porque no es posible determinar su valor.

El coste de la privatización de Santa Bárbara asciende, de momento, a 499,69 millones de euros, de los que 267,9 millones corresponden a aportaciones económicas realizadas por la SEPI antes de la formalización del contrato.

Como contrapartida, los ingresos que la SEPI ha obtenido por la privatización de Santa Bárbara ascienden a 5 millones de euros.

Dadas estas circunstancias, el Tribunal de Cuentas recomienda que las operaciones de privatización "se ajusten rigurosamente a lo autorizado por el Consejo de Ministros".

Según el informe de fiscalización, "sería conveniente que no se modificasen con posterioridad a la selección del comprador, mediante negociación con el seleccionado, las condiciones que hayan figurado en la oferta de venta de los activos a privatizar".

A pesar de estas críticas, el Tribunal de Cuentas considera que la privatización de Santa Bárbara se desarrolló "con arreglo a las prescripciones del acuerdo del Consejo de Ministros" y se respetaron "en generar los requisitos procedimentales establecidos".

La privatización de Santa Bárbara se inició en diciembre de 1998 por acuerdo del Consejo de Administración de la SEPI, fue autorizada por el Consejo de Ministros en marzo de 2001 y se formalizó el 25 de julio de ese mismo año. EFECOM

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