La Paz, 8 mar (EFECOM).- El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, advirtió hoy a los partidos de la oposición de que no aceptará cambios de fondo en los contratos con las petroleras, aunque pidió disculpas por los errores cometidos en las leyes que aprobaron esos convenios.
No obstante, la oposición, que tiene bajo su control el Senado, insistió hoy en revisar el detalle de los 44 contratos suscritos con multinacionales y en denunciar un presunto delito de "falsedad material e ideológica" en algunos de ellos.
El vicepresidente boliviano, que ejerce la presidencia interina del país por el viaje de Evo Morales a Japón, dijo en la ciudad oriental de Santa Cruz que el Gobierno lamentaba los errores de forma, pero que no iba a admitir cambios de fondo en los contratos.
"Lo lamentamos, pedimos disculpas por esos problemas de forma; pero, por favor, le digo a la oposición de manera muy contundente: 'no nos vengan a tocar el contenido (de los contratos)", dijo García Linera.
El vicepresidente enfatizó que con los nuevos contratos se determinó ingresos para el Estado del 82 por ciento y para las petroleras del 18 por ciento sobre la producción.
"Modificamos formas, corregimos, aceptamos responsabilidades, sancionamos administrativamente, pero no nos van a tocar el contenido de la nacionalización: 82 por ciento para los bolivianos y 18 para extranjeros", reiteró en alusión a los porcentajes de reparto de las ganancias producidas en el negocio.
El Gobierno ha señalado varias veces que, con esa fórmula, el Estado recibirá este año 1.500 millones de dólares, frente a 1.280 millones de 2006 y 284 millones de 2004.
No obstante, los senadores de la opositora alianza Poder Democrático y Social (Podemos) denunciaron una presunta falsedad de algunos contratos aprobados en el Congreso en noviembre pasado porque un anexo no corresponde con el suscrito por las firmas petroleras un mes antes.
Los senadores de Podemos Luis Vásquez, Oscar Ortiz y Roberto Ruiz insistieron hoy en que probarán que los documentos fueron alterados y por ello presentarán una demanda ante la Fiscalía en las próximas horas.
Según Ortiz, la versión del "anexo D" aprobada en el Congreso, referido a procedimientos contables y financieros, da a las empresas la posibilidad de recuperar costos no relacionados con la actividad petrolera en sí misma, sino con aspectos complementarios como una campaña publicitaria.
"El fiscal debe convocar a todos los involucrados en la firma de estos documentos. Al anterior presidente de YPFB, al actual, y a los ejecutivos de las petroleras que tendrán que aclarar si firmaron dos veces, lo cual está mal, o si alguien les falsificó su firma", dijo.
Según Vásquez, los funcionarios de YPFB que detectaron los errores en los contratos, entre ellos el director jurídico Roberto Botero, fueron despedidos por el nuevo presidente de la petrolera, Manuel Morales, aunque fuentes de la empresa dijeron que ese cambio se debe a una renovación de personal de confianza en la compañía.
El ex presidente del Senado y alto dirigente del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) Santos Ramírez rechazó las denuncias de los opositores y remarcó que el documento aprobado en el Congreso "es el más duro" para las petroleras y "más conveniente" para el país. EFECOM
ja/jcz/lgo
(Con fotografías)
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