Javier Aliaga
La Paz, 5 mar (EFECOM).- Los 44 contratos firmados por Bolivia en octubre pasado con doce multinacionales petroleras siguen en el limbo, ya que la Cámara de Diputados anunció hoy que halló nuevos errores en las leyes que los aprobaron en noviembre.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados, el oficialista José Pimentel, declaró hoy a Efe que esa instancia estudiará este martes un proyecto de ley que enmienda esos errores, y que luego será remitido al plenario.
Según el legislador, esa ley contendrá "precisiones" sobre los nombres de las empresas, la ubicación de los yacimientos y la fecha de la firma de los contratos, entre otros errores detectados primero por el gobierno y ahora por los diputados.
Además del retraso por los errores en las leyes aprobadas en noviembre, el Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del presidente Evo Morales, teme que el Senado, dominado por la oposición, posponga, e incluso bloquee, esa enmienda.
Los contratos fueron suscritos a fines de octubre por la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las multinacionales, entre ellas la brasileña Petrobras, la hispano-argentina Repsol YPF y la franco-belga Total.
Un mes después los aprobó la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista, prácticamente sin discutirlos, y luego la cámara alta en una sesión polémica, en ausencia de los senadores titulares de la oposición, que la denunciaron como "ilegal".
YPFB reveló los primeros errores en las leyes en febrero pasado, luego de asumir como nuevo presidente interino Manuel Morales Olivera, en sustitución de Juan Carlos Ortiz, quien firmó los contratos.
Estos problemas impidieron la protocolización de los nuevos acuerdos en una notaría y, en consecuencia, su entrada en vigor y el avance de la nacionalización petrolera decretada por Morales en mayo del 2006.
Aparte de los errores detectados primero por YPFB y ahora por los diputados, el Ejecutivo decidió uniformar las 44 leyes de aprobación de los convenios, en vez de corregir sólo quince, como había solicitado inicialmente la petrolera estatal.
Por el retraso, las multinacionales no han podido comenzar a aplicar los planes de inversión comprometidos con YPFB para incrementar la producción de gas.
El medio de los problemas, el mes pasado renunció el ministro de Hidrocarburos, Carlos Villegas, molesto por la parálisis del proceso nacionalizador y los errores en esos documentos con los que operarán las petroleras en los 40 años siguientes, pero Morales logró que continuara en el cargo.
El diputado Pimentel explicó a Efe que el proyecto de enmiendas enviado por el gobierno al Congreso tiene 44 artículos para "modificar" cuanto antes los fallos y las omisiones de las leyes aprobadas en noviembre, "pero no para cambiar los contratos" negociados con las empresas el año pasado.
La premura oficialista choca con la decisión del nuevo presidente del Senado, el opositor José Villavicencio, de la centrista Unidad Nacional (UN), de revisar cada contrato "con detalle", y tomar para ello todo el tiempo necesario.
Villavicencio denunció que esos acuerdos, así como una polémica ley de tierras y un convenio militar con Venezuela, fueron aprobados en "una sesión ilegal", en la que dos senadores suplentes opositores apoyaron inesperadamente al oficialismo.
La oposición ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que se pronuncie sobre la legalidad de esa sesión, con lo que ha aumentado aún más la incertidumbre sobre los contratos.
Según Pimentel, el Senado no puede tocar el contenido de los contratos si el TC no declara primero ilegal aquella polémica sesión de fines de noviembre.
A juicio de Pimentel, la oposición busca "bloquear" la aplicación de los acuerdos petroleros y otras leyes impulsadas por Morales para "cambiar la estructura económica del país". EFECOM
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