Madrid, 28 feb (EFECOM).- El Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) ha emitido un informe sobre el anteproyecto de ley de empresas tangibles, en el que advierte de que "este tipo de productos son financieros y deben de estar controlados por parte del Ministerio de Economía y Hacienda".
Así lo indicó a Efe la presidenta de este organismo, Francisca Sauquillo, quien precisó que el informe había sido transmitido al Ministerio de Sanidad y Consumo, departamento que impulsó la iniciativa legislativa tras los escándalos de Fórum Filatélico y Afinsa.
Sauquillo indicó que aunque estas empresas "hayan caído muchísimo en los últimos tiempos" pertenecen al ámbito económico-financiero, por lo que carece de sentido que sean reguladas por un Ministerio que dirime los asuntos relacionados con los consumidores.
No obstante, la presidenta del CCU afirmó que el departamento que dirige Elena Salgado sí sería competente en lo que se refiere a la publicidad y a los tipos de contratos que estas compañías suscriben con los particulares, un asunto que tendría que regular el Instituto Nacional de Consumo.
El Consejo también considera que "hay que mejorar" algunos puntos del articulado sobre este particular, a fin de que se incrementen "los avales y la auditoría" de los contratos que las empresas de bienes tangibles establecen con los usuarios, "ejerciendo un mayor control y evitando fraudes".
El objetivo sería corregir algunas "lagunas" del texto para que las personas que decidan invertir en este tipo de compañías tengan "mayor información" sobre los contratos que suscriben y sobre la rentabilidad que obtendrán con ellos.
Otro organismo, el Grupo de Trabajo de Normativa del Instituto Nacional de Consumo, integrado por técnicos de las comunidades autónomas, ha elaborado un estudio en el que muestra sus discrepancias con el borrador.
Concretamente alega que no se puede establecer el "control económico" de las empresas de bienes tangibles "desde la perspectiva de la protección de los consumidores y usuarios".
El anteproyecto, presentado por Salgado el pasado 29 de diciembre, persigue obligar a estas compañías a tener un seguro por el valor contratado, si la actividad comporta una revalorización del bien adquirido, y contiene otras medidas que aseguren al consumidor la obtención del precio de su adquisición inicial.
Asimismo obliga a las compañías de bienes tangibles a formalizar los contratos por escrito y a mejorar la información, previa a la firma, que reciben los usuarios.EFECOM
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