Empresas y finanzas

Promotores critican vengan políticos y no técnicos investigar irregularidades

Valencia, 27 feb (EFECOM).- La Asociación de Promotores Inmobiliarios y Agentes Urbanizadores de Valencia critica que la delegación del Parlamento Europeo que visitará esta semana la Comunitat Valenciana para investigar irregularidades urbanísticas denunciadas ante esa institución esté integrada por "políticos" en lugar de por "técnicos y juristas".

El presidente de la asociación, Salvador Vila, quien compareció en rueda de prensa junto al secretario general, Benjamín Muñoz, y al responsable del servicio jurídico de la entidad, Carlos Cañellas, solicitó a los eurodiputados que accedan a reunirse con los promotores durante su visita.

Cañellas defendió la ley Urbanística Valenciana (LUV) pese a las críticas recibidas en Europa, y recordó que la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea llegó a recomendar que esta norma "se corrigiera para que no realizara una discriminación positiva en favor de los ciudadanos".

"La legislación valenciana llegó un momento en que se pasó de rosca y reconocía tantos derechos a los propietarios del suelo que alteraba las reglas de la competencia", subrayó.

Por contra, afirmó que "la cuestión que en estos momentos se mantiene viva" se refiere a "en qué medida el contrato de adjudicación de la obra correspondiente tiene que ser administrativo-público de una naturaleza especial", una cuestión que, en todo caso, no compete a la Comisión de Peticiones, replicó.

El abogado sostuvo que son los empresarios los que deben determinar el tipo de contrato, siempre y cuando la legislación en materia de urbanismo "cumpla satisfactoriamente los requisitos de la UE respecto a la ley de competencia".

A la hora de desarrollar sus programas de actuación integrada (PAI), los promotores se muestran partidarios a establecer un "contrato mixto" como prevé la LUV, distinto del de "obra pública", que, a juicio de Cañellas, "encorseta la capacidad decisoria de la Administración" a la hora de ejecutar los planeamientos urbanísticos y su gestión y, además, ofrece una "menor transparencia" frente a la ciudadanía.

Por su parte, el secretario de la asociación de promotores se preguntó por qué si, como afirma Cañellas, la visita de los eurodiputados "está centrada en un tema meramente jurídico, no vienen técnicos y juristas, sino políticos".

Del mismo modo, insta a los parlamentarios a entrevistarse con los promotores, ya que "el tema de discusión se centra en la naturaleza jurídica del contrato que se realiza entre la Administración y el empresario urbanizador".

Muñoz confía en que "el deterioro de la imagen de la Comunitat Valenciana" debido a las denuncias de abusos urbanísticos "sea temporal" y que los residentes europeos "vengan por lo menos durante los próximos 7 u 8 años".

El sector de la construcción en la Comunitat Valenciana "se resiente" con las visitas de los eurodiputados, afirma Muñoz, quien reconoce que, no obstante, "algo no se está haciendo bien, pero no por parte de los promotores".

Aseguró al respecto que ningún promotor "empieza su obra sin su permiso de obras", que obtiene "tras seis o siete años de trámites administrativos y tropecientos informes", y se mostró partidario de que, en caso contrario, "caiga sobre él todo el rigor de la ley".

En este sentido, se preguntó si "la culpa" de las irregularidades urbanísticas que se cometen en esta autonomía "será de la Administración, que es la que siempre dice sí o no" al constructor. EFECOM

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