La Paz, 4 feb (EFECOM).- La rebelde población de Camiri, en el sur de Bolivia, radicalizó hoy su exigencia al gobierno del socialista Evo Morales para profundizar la nacionalización petrolera y decidió continuar el bloqueo de la carretera que conecta con Argentina y Paraguay.
El fracaso en el intento de entablar una negociación al conflicto, que hoy cumplió una semana, agudizó la tensión en la zona, después de que fuerzas del orden retomaran el control de una estación de bombeo y almacenamiento de gas y crudo, con el saldo de doce heridos, el sábado pasado.
Reacios a un encuentro directo con las autoridades, los líderes de la movilización pretendían entablar una negociación de ida y vuelta, a través de una comisión conformada por los asistentes al mitin efectuado en horas de la mañana.
Las autoridades del gobierno, presentes en el lugar desde el sábado, exigen a los líderes del Comité Cívico de Camiri una tregua humanitaria en el bloqueo como condición para comenzar una ronda de conversaciones en la misma localidad.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, hizo el pedido para permitir que el millar de personas y los casi 400 vehículos varados a ambos lados de la población puedan seguir el viaje interrumpido el lunes pasado.
La asamblea de pobladores, reunida en la sede del Comité Cívico, rechazó la demanda gubernamental y la transmitió por intermedio de una comisión que visitó a las autoridades en el cuartel militar donde están esperando para dialogar, según pudo comprobar un colaborador de Efe.
El vicepresidente de la organización, Marcelo Arandia, declaró que la asamblea quiere conocer la respuesta oficial a las peticiones para analizarla y después decidir si aceptan ingresar a una ronda formal de discusión.
El Comité Cívico de Camiri demanda del gobierno una "verdadera nacionalización" de los hidrocarburos, para que la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sea reorganizada y opere pozos directamente y no sea sólo supervisora de las trasnacionales.
Por contra, Llorenti advirtió que la tregua en el bloqueo de la carretera es vital que se efectúe antes porque las conversaciones pueden requerir muchas horas hasta encontrar una solución al conflicto.
En La Paz, el presidente Morales justificó la acción militar para retomar el control de la planta de Transredes y reclamó a los dirigentes de la movilización que acudan a la mesa de negociaciones para no seguir perjudicando al país.
"No se puede tomar esta clase de acciones. Todos tenemos derecho a movilizarnos pero tomando la planta sólo perjudicamos al país", sostuvo el mandatario en el cuartel militar de Viacha, cercano a la sede del gobierno.
De su lado, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, ratificó la determinación del gobierno socialista de cumplir la legislación vigente y confirmó que el Ejecutivo tiene previsto crear una gerencia de operaciones y otra corporativa de YPFB en Camiri.
Según Quintana, el pedido del Comité Cívico implica expropiar bienes de las multinacionales que operan en Bolivia, lo que "el gobierno no hará" porque "hay un modelo de nacionalización" que no abandonará, según dijo.
Los dirigentes cívicos convocaron a un nuevo mitin de la población para analizar la situación y adoptar nuevas medidas de presión, ante lo que consideran una intransigencia del gobierno de La Paz.
Los habitantes de Camiri comenzaron a concentrarse frente a la planta de Transredes, lo que derivó en preparativos de las tropas en el interior del establecimiento petrolero. EFECOM
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