Corrige en el tercer párrafo la cifra de incremento salarial que es del 3,05%.
Madrid, 15 dic (EFECOM).- Navantia, la sociedad pública de construcción naval militar, y los sindicatos CC.OO., UGT y CAT firmaron hoy el segundo convenio colectivo para el próximo año, después del preacuerdo alcanzado por las partes el pasado 4 de diciembre, informaron a Efe fuentes de la empresa.
El siguiente objetivo en materia de laboral es cerrar un acuerdo único para todos los centros, tanto civiles como militares, para que entre en vigor en enero de 2008, indicaron las mismas fuentes.
El nuevo convenio, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2007, establece un incremento salarial del 3,05 por ciento para los ejercicios 2006 y 2007, la incorporación de 44 nuevos trabajadores en los términos previstos en el convenio colectivo de la antigua Bazán (astilleros militares) y la continuación de los trabajos de la comisión de riesgos laborales.
Adicionalmente, se establecen medidas sobre promociones, asimilaciones, absentismo laboral y productividad y las partes se comprometen a continuar los trabajos en Navantia en la comisión de ordenación de la industria auxiliar.
El pasado martes el presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Enrique Martínez Robles aseguró que el nuevo convenio permitirá a Navantia llevar a cabo sus proyectos actuales y garantizar la paz social a lo largo de 2007.
Navantia, participada mayoritariamente por la SEPI, se creó en marzo de 2005 para aglutinar los astilleros públicos militares, una vez constatada la quiebra técnica de Izar, sociedad en la que estaban integrados todos los centros de construcción naval.
No obstante, Navantia se reservó un 20 por ciento de su producción a proyectos civiles e integró en el grupo empresarial los centros de Fene (Ferrol) y Puerto Real (San Fernando).
El resto de astilleros civiles (Sevilla, Gijón y Sestao) se han privatizado en los últimos meses, mientras que el proceso de la fábrica de Manises (Valencia) todavía no ha concluido debido a las garantías que ha exigido la Comisión Europea a la oferta presentada por la compañía Ros Casares. EFECOM
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