Madrid, 14 dic (EFECOM).- La Comisión de Administraciones Públicas del Congreso aprobó hoy el proyecto de ley del Estatuto Básico del Empleado Público con 36 enmiendas, entre las que figuran la inclusión de las medidas recogidas en la nueva Ley de Igualdad.
El texto, que fija unas normas y derechos básicos para los 2,5 millones de empleados públicos, se aprobó con 22 votos a favor, trece en contra y una abstención, y con 32 enmiendas transaccionales, dos del PNV, una del PP y una de IU-ICV.
Una vez que el Estatuto entre en vigor habrá una nueva estructura retributiva ligada a la productividad y al rendimiento, de forma que la continuidad de los puestos de trabajo de los empleados públicos dependerá de lo que se haga en éstos.
También regula otros aspectos como el derecho a la negociación colectiva, nuevos modelos de promoción profesional, mejora las normas de acceso y la formación, e incluye medidas para reducir la temporalidad.
El texto recoge mejoras en el desarrollo de la carrera profesional y en las retribuciones y propone la creación de la figura del personal directivo, que se responsabilizará directamente de los resultados de la gestión.
Además, gracias a una enmienda de CiU se flexibilizará la jubilación de los empleados públicos posibilitando su acceso a la jubilación parcial en función de la propia planificación de recursos humanos y de las condiciones especiales que se establezcan por Ley.
Otra de las enmiendas de CiU hará que la nueva norma "respete la posición singular de la Generalitat catalana en el ámbito de los empleados públicos, de acuerdo con lo que recoge el Estatuto de Autonomía de Cataluña".
Las normas de acceso y la forma de selección de los empleados públicos también cambiarán, ya que a las pruebas tradicionales se añaden procedimientos como la superación de cursos selectivos, la exposición curricular de los candidatos, pruebas psicotécnicas o entrevistas personales.
Durante la Comisión, el portavoz del PP, Julio Padilla, denunció la "falta de tiempo y los tiempos premiosos" con la que se ha llevado a cabo la tramitación de la ley y advirtió de que al hacerlo así se está contribuyendo a que dicha norma tenga "fecha de caducidad".
Criticó además que "no se hayan tenido en consideración casi ninguna de las enmiendas" presentadas por su grupo, lo que demuestra "las ganas que tiene el Gobierno de sacar la ley adelante de cualquier forma".
El portavoz de ERC, Francesc Canet, señaló que la ley "no es buena" porque "invade de forma importante las competencias en Cataluña", en tanto que Jordi Jané, de CiU, se mostró satisfecho porque la Ley tendrá en cuenta en su desarrollo "que las Comunidades Autónomas tienen competencias exclusivas".
Desde el PNV, Emilio Olabarria advirtió de que el personal laboral "ha sido olvidado" en el Estatuto y que además éste no ha sido consensuado con todos los sindicatos, "ni siquiera con algunos muy representativos en los ámbitos autonómicos y estatal".
Por su parte, Isaura Navarro, de IU-ICV, lamentó que la tramitación de esta ley "no haya sido más serena" y criticó algunos aspectos de ésta, como que no se adecúe al personal laboral con el funcionario y que se cree la figura del personal directivo, porque "no está sometida a ningún control".
Francisco Rodríguez, del Grupo Mixto, mostró el apoyo de su grupo al Estatuto porque "ha sido sensiblemente mejorado" pero insistió en que "sigue limitando la creatividad de las Comunidades Autónomas".
La portavoz del PSOE, Elisenda Malaret, calificó la jornada de "histórica" y celebró que después de treinta años los empleados públicos "cuenten por fin con un marco estable", que además "ha sido muy consensuado por los agentes sociales".
Asimismo, alegó que la mayoría de las enmiendas del PP no han salido adelante porque suponían que el texto "dejara de ser tan básico y limitaban las competencias autonómicas".
El proyecto se aprobó con competencia legislativa plena, de forma que no pasará por el Pleno del Congreso y se remitirá directamente a la Cámara Alta. EFECOM
lbm/jla
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