Gasolina, diésel, electricidad para hogares e industria electrointensiva... pero no el ferrocarril de viajeros. El plan para hacer frente a las consecuencias económicas de la invasión de Ucrania aprobado por el Gobierno el pasado martes y publicado en el BOE ayer mismo no recoge ninguna medida para este transporte en el que Ejecutivo y Bruselas han apoyado la descarbonización del sector, lo que amenaza su viabilidad si no se repercuten los costes al viajero. De persistir la situación actual, los operadores ferroviarios alertan de que necesitarán elevar el precio de los billetes en hasta un 30%.
El ferrocarril de viajeros se basa, en su mayoría, en la electricidad como tracción y los operadores están sujetos al precio que marcan los contratos que Adif, el gestor de la infraestructura ferroviaria, tiene con las eléctricas. Cabe recordar que en los últimos meses el precio ha subido de una media de 60 euros a cerca de 300 euros por megavatio hora. En algunos meses, según apuntan los propios operadores, días y horas concretas llegaron a alcanzar los 700 euros. Esto ha hecho que los costes energéticos, que antes suponían alrededor de un 15% de los totales de estos operadores, superen ahora el 30% o incluso alcancen el 40%, comprometiendo los planes de inversión de dichas compañías.
"Repercutir la subida de precios significaría que el tren volvería a quedarse limitado a personas con determinados poderes adquisitivos, es decir, el producto volvería a ser elitista y exclusivo", señalan desde uno de los operadores que presta servicio en España.
Además, admiten que de mantenerse la situación sin que se pongan en marcha medidas concretas, se pararía "de lleno el cambio modal que estábamos empezando a ver de medios contaminantes a medios sostenibles". Es por ello que consideran que supone un impacto negativo para la movilidad sostenible "de la que tanto se habla y a la que tanto se aspira".
Transporte urbano
Este problema no es exclusivo del transporte interurbano de viajeros por ferrocarril. También afecta al urbano. Metro de Madrid levantó la voz hace varias semanas para poner sobre la mesa las dificultades que se estaban encontrando. El precio de la electricidad en el suburbano de la capital en 2020 costó 49 millones de euros, en 2021 casi se duplicó llegando a los 88 millones, y la proyección para 2022 es de 268 millones de euros, cinco veces más que hace sólo dos años.
Ayer mismo, era el consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, el que reprochaba que "el transporte público es el gran olvidado del acuerdo alcanzado por el Ejecutivo nacional al no dar respuestas a la necesidad principal que tenemos en estos momentos todos los operadores de transporte, especialmente, los que contamos con servicios de suburbanos, como Metro de Madrid". En este sentido, el suburbano de la capital y otros 14 operadores que gestionan las redes de transporte urbano, tren y tranvía en distintas ciudades de España, integradas en la Asociación de Transportes Públicos Urbanos y Metropolitanos, pidieron ayuda al Ejecutivo pero no ha tenido respuesta.
